El caso será atendido estrictamente bajo el marco legal, afirma la Fiscalía.

México (Marcrix Noticias)-La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierta una investigación penal en contra de María Amparo Casar, actual presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el posible delito de uso ilícito de atribuciones relacionado con el cobro de una pensión vitalicia a Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de una publicación oficial, el órgano de justicia federal precisó que la indagatoria no es reciente, como se ha difundido en algunas versiones, sino que fue judicializada desde septiembre de 2025. En el mensaje, la FGR informó que el Ministerio Público Federal analiza el caso “a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho”.

“La investigación no se inició recientemente”, puntualizó la dependencia, al tiempo que rechazó señalamientos de que el proceso se conduzca “por consigna”.

Según la fiscalía, el llamado caso Márquez Padilla se llevará exclusivamente bajo el marco jurídico y sin sesgos de otro tipo.

EL CASO MÁRQUEZ PADILLA

El origen del expediente se remonta a 2004. César Márquez Padilla, entonces esposo de Amparo Casar, ingresó a Pemex el 1 de junio de ese año y falleció el 7 de octubre tras caer desde el piso 12 del edificio A de la sede central de la petrolera. En su momento, los peritajes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal calificaron el hecho como suicidio.

Doce días después del fallecimiento, el 19 de octubre de 2004, se solicitó el pago de la pensión post mortem. A partir de enero de 2005, Casar comenzó a recibir dicha prestación.

La controversia escaló dos décadas después. En 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión y el caso llegó a los tribunales. Un juez federal ordenó la reactivación provisional del pago, al considerar que, mientras no existiera una resolución firme en sentido contrario, el derecho debía mantenerse vigente. Esto obligó a la petrolera a restituir temporalmente la pensión, mientras el conflicto se desdoblaba en procedimientos civiles, administrativos y, finalmente, penales.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Actualmente, la FGR sostiene que Casar —y, según algunas versiones periodísticas, también dos de sus hijos— pudo haber intervenido o promovido trámites presuntamente irregulares para obtener o conservar el pago de la pensión.

Con base en ello, se abrió la investigación penal y se han citado audiencias para la imputación correspondiente.