La Fiscalía General de la República aseguró una propiedad vinculada con la facción de Los Chapitos, valuada en más de cuatro millones de pesos

Sinaloa. (Marcrix Noticias).- La Fiscalía General de la República logró la extinción de dominio de un inmueble ubicado en Culiacán, Sinaloa, relacionado con la célula criminal de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. La autoridad judicial determinó que la propiedad fue utilizada para la comisión de delitos como secuestro y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con la dependencia federal, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio resolvió que el bien pasara a manos del Estado, al acreditarse su vínculo con actividades delictivas. El inmueble, que tiene un valor superior a los cuatro millones de pesos, se encuentra en una zona residencial de la capital sinaloense.

Las investigaciones señalan que la propiedad estaba bajo control de Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como El Nini, quien fungía como jefe de seguridad de Los Chapitos. Este hombre fue detenido en noviembre de 2023 en Culiacán y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024, donde enfrenta cargos por narcotráfico y violencia organizada.

La vivienda formaba parte de una red de inmuebles usados por el grupo delictivo para operaciones ilícitas y para mantener personas secuestradas, según los reportes de inteligencia. La FGR detalló que el valor del bien fue calculado en cuatro millones trescientos sesenta y un mil pesos.

Tras la resolución judicial, la propiedad será transferida al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que se encargará de su administración y destino final. Con esta acción, la autoridad busca avanzar en el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales y recuperar recursos que provienen de actividades ilícitas.

El caso se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por fortalecer la legislación en materia de extinción de dominio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que se trabaja en una iniciativa para agilizar estos procesos y garantizar que los bienes decomisados se destinen al beneficio social.

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