Extorsión en México se dispara Coparmex alerta crecimiento en 20 entidades
La extorsión en México registró un aumento significativo en 20 de las 32 entidades del país durante el año 2025, afectando principalmente a empresas y generando preocupación en sectores productivos, advirtió la Coparmex
Ciudad de México. (Marcrix Noticias).- Durante 2025, la extorsión se consolidó como uno de los delitos más persistentes y dañinos para la actividad económica formal, con un crecimiento en casi dos tercios de las entidades federativas. Este incremento ha impactado la actividad empresarial y la percepción de seguridad en diversas regiones del país, generando un llamado urgente para reforzar las políticas públicas de prevención y combate del delito.
Según Coparmex, el número de víctimas de extorsión ha mostrado un crecimiento constante en la última década, reflejando un problema estructural que supera los límites de un fenómeno regional para convertirse en un desafío nacional. La organización empresarial subrayó que este delito no solo tiene un costo económico directo, sino que también repercute en decisiones de inversión y en la generación de empleo formal.
Los estados con mayor concentración de casos de extorsión incluyen el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz, que en conjunto suman más de la mitad de los reportes a nivel nacional. Además, algunas entidades del interior del país experimentaron aumentos porcentuales particularmente altos, lo cual llama la atención sobre la diversificación del fenómeno criminal.
La Coparmex destacó que una gran parte de las extorsiones se realizan por vía telefónica y que, en varios casos, los extorsionadores se hacen pasar por autoridades, lo que agrava la percepción de inseguridad y erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad pública. Esta tendencia ha llevado a pedir la creación de unidades especializadas en los estados para atender y desarticular estas redes delictivas.
Ante este panorama, la confederación hizo un llamado a tratar la extorsión como una prioridad nacional de política pública, con estrategias coordinadas entre los tres niveles de gobierno y el sector privado. El objetivo es disminuir la incidencia de este delito, proteger a las empresas y restaurar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en el clima de negocios de México.