Al exponer los alcances de la denuncia que presentó por el caso Segalmex, Diconsa y Liconsa, la diputada federal María Elena Pérez-Jaen (PAN) pidió a la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos investigar a fondo lo que denominó la mayor estafa en la historia de la administración pública mexicana.
Se pronunció la excomisionada de transparencia por la separación de Ignacio Ovalle Fernández del cargo que ahora tiene en la Segob y quien fuera responsable del organismo que habría desviado casi 9 mil 500 millones de pesos, según consta en el seguimiento hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En conferencia de prensa en la sede de la bancada del PAN en San Lázaro, la legisladora recriminó las omisiones en que habrían incurrido hasta ahora la propia ASF, la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, la Secretaría de la Función Pública y el Inai.
Detalló que la denuncia, presentada este domingo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción por las múltiples irregularidades en Segalmex, se sustenta en los Informes del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 y de 2020.
LAS ANOMALÍAS
Enumeró algunas de las anomalías: pérdida de bienes y recursos, como faltantes de maíz y frijol en inventarios; adquisiciones y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica y leche; pagos por concepto de subcontratación de personal sin que se acreditara la prestación del servicio; incumplimientos de contratos por arrendamiento vehicular sin que se aplicaran las penalizaciones correspondientes.
De acuerdo con la diputada Pérez-Jaen, mientras la denominada estafa maestra representó un desfalco de 7 mil 600 millones de pesos, el caso de Segalmex asciende a 9 mil 500.
Respecto a la situación del extitular de ese organismo, Ignacio Ovalle, actualmente al frente de un instituto que depende de la Secretaría de Gobernación para el seguimiento del tema municipal, la especialista en transparencia y rendición de cuentas consideró que ahora goza de la protección presidencial y que una auténtica investigación reclama que sea separado de cualquier responsabilidad federal.
Refirió que los presuntos delitos que podrían configurarse con este expediente son los de ejercicio ilícito del servicio público; colisión de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; y peculado.
Al enumerar diversas acciones que deberían complementar el seguimiento de los datos que reportó la ASF, la diputada comentó que la Fiscalía General de la República, a través de la especializada en corrupción que conduce María de la Luz Mijangos, debe solicitar a la Unidad de Inteligencia Financiera que se recaben los reportes de 24 horas en relación con las operaciones financieras, comerciales y profesionales de los servidores, exservidores públicos y terceros relacionados con Segalmex.
Se quejó la diputada de la falta de respuesta de las solicitudes hechas a David Colmenares, titular de la ASF, respecto al estatus del caso.
CONVOCATORIA
Consideró necesario que el presidente de la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Angulo Briceño (PRI) convoque a las acciones pertinentes para que este caso no quede impune.
Lamentó el hecho de que el Inai se preste a dejar sin clarificar el caso de Segalmex, así como la falta de profundidad en la indagación que realiza a la Secretaría de la Función Pública, toda vez que debió haber promovido la inhabilitación de Ovalle Fernández.
FUENTE EXCELSIOR