Tras la renuncia de la comisionada Karla Quintana, la legisladora calificó de “grave crisis” el número de desapariciones
Ciudad de México (Marcrix Noticias).— La senadora Claudia Ruíz Massieu promovió un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que rindan al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución y el cumplimiento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Ruíz Massieu calificó la desaparición de personas como una grave crisis en el país, pues datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas apuntan a que en lo que va del sexenio, se reportaron más de 110 mil casos, de los cuales aún se desconoce el paradero de casi 44 mil de las personas en esa situación.
Además lamentó que haya decenas de miles de familias que no pueden conocer la verdad sobre el paradero de un ser querido, de quien se tienen elementos para presumir que fue víctima de desaparición forzada por parte de miembros de la delincuencia organizada, como el reciente caso de los cinco jóvenes privados de la libertad en Lagos de Moreno, Jalisco.
Ruíz Massieu advirtió que existe alta impunidad del delito y la falta de empatía del Estado mexicano para resolver las denuncias, lo que ha provocado que se formen colectivos de personas que buscan a sus seres queridos en fosas, terrenos y parajes donde presumiblemente se depositan cadáveres de forma clandestina.
“Son familias que han tenido que reivindicar el derecho a buscar a sus seres queridos y a recibir y difundir información sobre los hechos y su presunto paradero. Son familias que viven el dolor, la injusticia y la ausencia de la reparación del daño y del compromiso de que cesen conductas como las que les agravian”, subrayó la legisladora.
Estudios elaborados en 2021 subrayan que sólo entre el dos y el seis por ciento de las denuncias de desaparición se les abre una carpeta de investigación.
En ese año el gobierno reportó 52 mil personas fallecidas no identificadas o reclamadas, de las cuales 71.73 por ciento se localizaron en fosas comunes y fosas clandestinas de Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.