El caso de Noelia Castillo reaviva la discusión sobre la eutanasia en México, donde la ley prohíbe esta práctica, pero permite la voluntad anticipada en varios estados
El reciente caso de Noelia Castillo, que ha generado conmoción internacional en marzo de 2026 por su solicitud de muerte asistida, ha puesto nuevamente en el centro del debate la eutanasia en México. La discusión ha llevado a cuestionar qué permite la legislación nacional y cuáles son las alternativas legales disponibles para pacientes en fase terminal.
En México, la eutanasia está prohibida por la ley. A diferencia de otros países donde esta práctica es legal bajo ciertas condiciones, el marco jurídico mexicano impide cualquier acción que tenga como objetivo acelerar la muerte de un paciente, incluso si existe una solicitud expresa de la persona.
La Ley General de Salud establece de manera clara esta restricción. En su Artículo 166 Bis 21, se señala que la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, están prohibidos y sujetos a sanciones conforme a las disposiciones del Código Penal Federal.
Esto implica que cualquier persona que participe en este tipo de prácticas puede enfrentar consecuencias legales graves, ya que la conducta puede ser tipificada como homicidio. Por lo tanto, no existe un marco legal que permita la eutanasia en el país.
Sin embargo, existe una figura legal que suele generar confusión: la voluntad anticipada. Este mecanismo sí es permitido en diversos estados de la República y consiste en la decisión de un paciente de aceptar o rechazar tratamientos médicos que prolonguen su vida en condiciones terminales.
La voluntad anticipada busca garantizar una muerte natural, sin intervenciones médicas innecesarias que alarguen el sufrimiento del paciente. Este derecho se encuentra regulado en entidades como Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
A nivel internacional, la eutanasia sí es legal en varios países, lo que ha alimentado el debate global sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida. Entre las naciones que permiten esta práctica se encuentran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal y Ecuador, mientras que en Australia solo es legal en algunas regiones.
El caso de Noelia Castillo ha vuelto a evidenciar las diferencias legales y éticas entre países, así como la necesidad de un diálogo profundo en México sobre los derechos de los pacientes, los límites de la medicina y las decisiones al final de la vida.
Nacional (Marcrix Noticias).-