Un contrato de 745 millones de pesos adjudicado en 2023 volvió a colocar a Petróleos Mexicanos en el centro de señalamientos por presuntos conflictos de interés
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- Petróleos Mexicanos enfrenta un nuevo episodio de escrutinio público tras la adjudicación de un contrato de 745 millones de pesos a Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Raúl Rocha, empresario con presencia internacional y dueño de Miss Universo. La operación, realizada en 2023, colocó nuevamente a la petrolera en una posición incómoda debido a la participación de figuras con evidente peso mediático y empresarial.
La transacción adquirió mayor relevancia debido al papel que, en ese mismo periodo, desempeñaba Bernardo Bosch Hernández dentro de la estructura de Pemex. Bosch, padre de Fátima Bosch —Miss Universo 2025— fungía entonces como director en Pemex Exploración y Producción, una posición clave para la toma de decisiones internas. La coincidencia entre su cargo y la adjudicación a un empresario vinculado al mismo entorno social detonó señalamientos por posible conflicto de interés.
El caso se agravó al revelarse que la licitación también fue ganada por Servicios PJP4, propiedad de Higinio Reséndiz Cantú, un empresario identificado por su cercanía con el exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, actualmente prófugo y acusado de delitos relacionados con corrupción y delincuencia organizada. Esta conexión añadió un componente político que amplió las sospechas en torno al proceso de adjudicación.
La presencia de actores con intereses entrelazados dibuja un entramado complejo que involucra a un empresario con presencia global, a un aliado de un político investigado y a un funcionario de Pemex con vínculos familiares de alto perfil. La situación tomó mayor fuerza cuando el 30 de octubre pasado Bernardo Bosch Hernández fue ascendido a subdirector de Seguridad en Pemex, tras haber sido Gerente de Relaciones Públicas, movimiento que generó inquietud dentro y fuera de la institución. Documentos internos apuntan a que en el último año sus ingresos superaron los 3 millones de pesos, derivados de su salario y actividades privadas.
Este conjunto de elementos reaviva críticas sobre prácticas opacas, favoritismos y decisiones internas que han afectado la credibilidad de Pemex durante años. Las interrogantes se multiplican ante la falta de explicaciones oficiales: si se investigó o no el posible conflicto de interés, si el proceso fue realmente competitivo, si hubo influencias externas o si simplemente prevalecieron las dinámicas tradicionales que moldean la operación interna de la petrolera.
Mientras Pemex mantiene silencio, el caso se perfila como un nuevo capítulo en la cadena de controversias que marcan la administración de recursos públicos en la empresa más importante del Estado, donde los beneficios parecen fluir con mayor facilidad hacia quienes forman parte de los círculos más privilegiados del país.