El Senado aprobó cambios legales con nuevas penas, agravantes y medidas de investigación.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El Senado aprobó una reforma que endurece los castigos contra la extorsión en todo el país. Con 110 votos a favor, los legisladores respaldaron modificaciones que elevan las penas, amplían las facultades de investigación y establecen nuevas sanciones para servidores públicos y personas involucradas en este delito. La minuta regresará a la Cámara de Diputados para su revisión final.
La reforma fija sanciones de 15 a 25 años de prisión para quien cometa extorsión. Estas sustituyen la propuesta original, que planteaba un rango menor. El objetivo es evitar que personas ya sentenciadas puedan obtener beneficios legales al existir castigos inferiores a los vigentes en algunas entidades.
El dictamen también incorpora delitos vinculados, como que quien introduzca dispositivos electrónicos o teléfonos a centros penitenciarios sin autorización enfrentará de 6 a 12 años de cárcel.
El Senado incluyó agravantes que incrementan las penas cuando la extorsión se comete con violencia, armas o mediante daños provocados para forzar pagos. En esos supuestos, las sanciones pueden aumentar entre 3 y 17 años adicionales, alcanzando hasta 40 años de prisión.
También contempla castigos más severos cuando se utilicen armas reales o de apariencia similar, así como cuando exista violencia física o moral en incidentes relacionados con “montachoques”.
Responsabilidad de servidores públicos y reformas adicionales
Un cambio relevante fue el ajuste a las sanciones aplicables a servidores públicos. La reforma establece penas de 10 a 20 años para autoridades que omitan denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público o, en casos urgentes, ante cuerpos policiales.
La minuta incorpora una agravante adicional cuando la extorsión se comete mediante plataformas o servicios digitales, lo que podría implicar de 5 a 12 años de prisión.
El Pleno modificó también los artículos relacionados con la investigación del delito. En lugar de asignar estas tareas exclusivamente a la Fiscalía General de la República, establece que las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas, personal capacitado y analistas certificados para atender extorsión.
La discusión avanzó sin votos en contra. Legisladores de diversas bancadas expresaron respaldo a los cambios, aunque algunas reservas no fueron admitidas.
¿Cuál es la importancia para Quintana Roo?
La reforma para combatir la extorsión llega en un momento crucial para Quintana Roo, una entidad donde este delito ha crecido de forma sostenida y golpea directamente a la vida económica. Tan solo en el primer semestre de 2025 se reportaron 107 casos, una cifra que refleja la urgencia de contar con herramientas más firmes para frenar a los grupos que operan en zonas turísticas y comerciales. Con penas más severas y procesos de investigación reforzados, la reforma busca devolver certidumbre a quienes viven y trabajan en un estado altamente dependiente de la actividad económica diaria.
El problema es especialmente agudo en Cancún. De los 152 casos de extorsión registrados en el estado hasta septiembre de 2025, 114 ocurrieron en Benito Juárez, lo que significa que tres de cada cuatro denuncias provienen de este municipio. Esta concentración demuestra la necesidad de una estrategia que priorice las áreas de mayor afectación. La reforma podría permitir intervenciones más rápidas y coordinadas en los puntos donde la extorsión ha evolucionado de amenazas aisladas a prácticas sistemáticas contra comercios, trabajadores y proveedores de servicios.
A esto se suma el desafío de la subdenuncia: alrededor del 90% de los casos de extorsión no se reportan formalmente. Esta falta de denuncias deja a las autoridades sin información clave y perpetúa la impunidad.