Los empresarios trabajarán en una propuesta de modificación a la Ley de Expropiación en Quintana Roo para garantizar equilibrio entre intereses públicos y privados.
Chetumal (Marcrix Noticias).- Líderes del sector empresarial se reunieron con la Secretaría de Gobierno del estado, para abordar la actualización de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en Quintana Roo.
Durante la reunión, se acordó que el sector empresarial participará en la elaboración de una propuesta de modificación a la ley, con el objetivo de mejorar su entendimiento y aplicación, así como crear un reglamento más inclusivo, transparente y acorde con las necesidades de todos los actores involucrados.
El presidente del CCE del Caribe, Javier Carlos Olvera Silveira, y otros representantes empresariales dialogaron con Cristina Torres Gómez, Secretaria de Gobierno, sobre la importancia de que la nueva legislación logre un equilibrio adecuado entre los intereses públicos y privados, ya que esto, asegurará la certeza jurídica para los inversionistas.
Recientemente, la reforma a la Ley de Expropiación fue aprobada con 17 votos a favor y tres en contra. Esta reforma otorga al gobierno estatal un mayor control sobre bienes privados, garantizando la legalidad y transparencia en los procesos de expropiación.
La modificación amplía el número de puntos de expropiación de 12 a 25, con el objetivo de mejorar la infraestructura pública, en especial en sectores clave como el agua potable, drenaje y alcantarillado.
El artículo 11 de la ley también justifica la adquisición de bienes privados necesarios para obras hidráulicas y la construcción de sistemas de agua y saneamiento, así como la preservación de lugares con vistas panorámicas.
En los próximos días, se establecerá un calendario de trabajo para avanzar en la construcción de un reglamento que asegure que el proceso de expropiación y los proyectos relacionados sean ejecutados de manera justa y responsable.
Este proceso de colaboración busca asegurar que las modificaciones a la ley, respondan a los desafíos de crecimiento y urbanización de Quintana Roo, mientras protegen los intereses de los ciudadanos y las empresas en el estado.
