Nuevas reglas fiscales obligan a más trámites y registros y añaden riesgos de sanción.
Cancún (Marcrix Noticias).- El emplacamiento vehicular en Quintana Roo se volvió más complicado para los ciudadanos este año, tras la entrada en vigor de nuevas disposiciones fiscales y administrativas publicadas a finales de 2025. Diversos análisis advierten que los cambios generan mayor carga burocrática, más trámites y posibles sanciones económicas, incluso para personas que no realizan actividad empresarial.
De acuerdo con un análisis del Observatorio Quintana Roo A.C., las medidas impulsadas por el SATQROO obligan ahora a que cualquier propietario de un vehículo con placas del estado se inscriba previamente en el Registro Estatal de Contribuyentes, aun cuando no obtenga ingresos por actividad económica.
En términos prácticos, el ciudadano ya no solo debe acudir a Tránsito para el cambio o alta de placas. Primero debe cumplir con requisitos fiscales, reunir documentación adicional y realizar registros en plataformas digitales que, en sus primeros días de operación, han presentado fallas técnicas y retrasos.
Uno de los principales señalamientos es que el nuevo esquema de emplacamiento en Quintana Roo no distingue entre distintos perfiles sociales, como personas adultas mayores, jubilados o ciudadanos sin actividad fiscal formal.
Estos grupos deberán enfrentar procesos ante el SAT federal y estatal, con filas, saturación de oficinas y barreras tecnológicas que dificultan el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Además, el acuerdo no aclara qué sucede con trabajadores que utilizan vehículos propiedad de empresas, dejando abierta la interpretación sobre si deberán inscribirse de manera individual como contribuyentes estatales, lo que podría derivar en criterios discrecionales.
Requisitos adicionales y posibles sanciones
A la lista de trámites se suma la exigencia de obtener una constancia de no infracción emitida por Tránsito para poder realizar el cambio de placas. Según el Observatorio, este requisito refleja una falta de coordinación entre dependencias y traslada al ciudadano una carga administrativa que debería resolverse internamente.
El incumplimiento de cualquiera de los pasos establecidos puede derivar en multas que van de 10 a 700 UMAs, conforme al Código Fiscal del Estado, lo que convierte el proceso de emplacamiento en un riesgo económico para quienes no logren cumplir en tiempo y forma.