La primera audiencia por el asesinato del Alcalde de Uruapan exhibió una estructura criminal que operaba dentro y fuera del gobierno municipal
La apertura del proceso por el Caso Manzo dejó al descubierto la dimensión de la infiltración criminal en Michoacán. Durante una audiencia de más de cinco horas en el penal del Altiplano, la Fiscalía detalló que el Cártel Jalisco Nueva Generación ofreció un pago millonario para asesinar al Alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, debido a su negativa a pactar con la estructura delictiva.
Los señalamientos escalaron a la cúpula del grupo criminal, con Nemesio Oseguera Cervantes y su operador en la región, Ramón Álvarez Ayala, como presuntos responsables intelectuales del ataque ocurrido mientras el Edil convivía con familias en el Festival de Velas.
La acusación se fortaleció con testimonios que describieron la planeación y el financiamiento del atentado.
La audiencia también reveló una traición dentro del propio equipo de seguridad del Alcalde. Uno de sus escoltas proporcionó información en tiempo real a los sicarios, lo que permitió ejecutar el ataque sin obstáculos. Esta colaboración interna se convirtió en el eje de la imputación por homicidio calificado por omisión contra los siete escoltas detenidos.
El elemento más polémico del expediente fue la muerte del adolescente de 17 años identificado como uno de los atacantes. Peritajes forenses confirmaron que Víctor Manuel Ubaldo Flores fue ejecutado extrajudicialmente por el entonces director de la policía municipal, Demetrio N, quien habría disparado a corta distancia cuando el joven ya estaba sometido. La misma arma se utilizó en el ataque contra el Alcalde, lo que agravó la responsabilidad del mando policial.
La detención de los escoltas, escoltados entre incredulidad y tensiones institucionales, simbolizó el quiebre de la seguridad municipal. El juez ordenó prisión preventiva y fijó el 26 de noviembre como la fecha en que se determinará la vinculación a proceso de los implicados, mientras las fuerzas federales elevaron la prioridad para capturar a Ramón Álvarez Ayala.
El Caso Manzo se consolidó como un reflejo del deterioro institucional en México, mostrando cómo la corrupción, la colusión y la violencia criminal han penetrado estructuras que deberían garantizar la seguridad pública, profundizando la crisis de confianza en las autoridades locales.