La Corte Penal Internacional y la ONU documentaron crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas del Estado venezolano desde el año 2014.
Venezuela (Marcrix Noticias).– Durante años, organismos internacionales han documentado un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos atribuidas al régimen de Nicolás Maduro, que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.
Estas conductas han sido señaladas por la Corte Penal Internacional (CPI) y por instancias de la Organización de las Naciones Unidas, como crímenes de lesa humanidad.
Desde 2018, la CPI mantiene abierta la investigación formal denominada “Situación Venezuela I”, por hechos presuntamente cometidos desde 2014.
En marzo de 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la vigencia de la investigación y rechazó los recursos del Estado venezolano para frenar el proceso.
La Fiscalía de la CPI concluyó que existe base razonable para creer que los crímenes fueron graves, generalizados y sistemáticos, y que no se trató de hechos aislados, sino de una política de Estado.
El entonces fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, sostuvo que las víctimas fueron sometidas a palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas, además de violencia sexual, durante períodos prolongados de detención.
La Fiscalía agregó que miles de opositores fueron perseguidos por motivos políticos, arrestados sin base legal adecuada y torturados, con indicios de participación o aprobación de altas autoridades.
Los informes señalan como principales responsables operativos a cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con apoyo de grupos progubernamentales.
Se documentaron centros clandestinos de detención, incomunicación prolongada y técnicas de tortura como la “crucifixión”, “el pulpo”, asfixia con bolsas o agua, descargas eléctricas en genitales, amenazas de muerte y de violación, además de encadenamientos y exposición a temperaturas extremas.
En paralelo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada entonces por Michelle Bachelet, publicó desde 2019 informes anuales que atribuyen a fuerzas estatales y colectivos armados la mayoría de las muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos en centros de detención. La ONU también alertó sobre violencia sexual de género contra mujeres y niñas detenidas y condiciones de reclusión degradantes, así como impunidad estructural.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura y violencia sexual desde 2014, concluyendo que la reiteración de prácticas evidencia un patrón de represión sistemática. Su entonces presidenta, Marta Valiñas, afirmó que los servicios de inteligencia fueron utilizados para reprimir la disidencia, conduciendo a graves delitos.
Organizaciones de la sociedad civil reforzaron estas conclusiones. Un informe de Provea y el Centro Gumilla documentó 824 muertes por ejecuciones extrajudiciales solo en 2022, calificando la práctica como “institucionalización de la acción deliberada de producir muerte”. Su exdirector, Rafael Uzcátegui, advirtió que la violencia estatal se convirtió en herramienta de control social.
En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional del régimen intentó retirar a Venezuela del Estatuto de Roma; sin embargo, expertos aclararon que los crímenes ya investigados siguen bajo competencia de la CPI. Además, la Fiscalía declaró agotada la política de “complementariedad positiva” por falta de cooperación del Estado venezolano.
Actualmente, la investigación de la CPI continúa activa. Los informes de la ONU, la CPI y organizaciones internacionales convergen en un diagnóstico: ejecuciones, secuestros, torturas y violencia sexual formaron parte de un ataque contra la población civil, atribuible a fuerzas del Estado venezolano, con responsabilidad en los más altos niveles.
Con información de infobae.