Fotografías recientes muestran daños en la estructura del edificio Adamar Solimán bajo litigio por violaciones ambientales y falta de permisos de construcción.

Tulum (Marcrix Noticias)-Nuevas evidencias fotográficas demuestran que el edificio Adamar Solimán, en Tulum, comienza a registrar fisuras que representan un riesgo de colapso. Este inmueble se encuentra actualmente bajo litigio por violaciones ambientales, tras haberse construido sin los permisos correspondientes.

Irma Morales Cruz, abogada de la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), señaló que las imágenes confirman la fragilidad de la infraestructura, debido a que fue edificada sin estudios ambientales. Los propios vecinos de la zona alertaron sobre la situación, pues temen más afectaciones.

“Vecinos nos comparten fotografías de la obra donde se ve que está cuarteándose partes de la construcción, como que al final no está en buenas condiciones, y eso hay que recalcar, porque en su momento pedimos un dictamen técnico al municipio”, explicó Morales Cruz.

Actualmente, el edificio cuenta con una orden de demolición emitida por un juez federal, la cual fue impugnada por los propietarios del inmueble, luego de que un vecino de la zona fue beneficiado por un amparo.

Habitantes de Tankah IV, a unos 10 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tulum, denunciaron a diversas autoridades por permitir la construcción del edificio dentro del ecosistema costero, sin los permisos de impacto ambiental requeridos.

“Eso es lo que pasa cuando no se hacen los estudios que aplican a la obra en cuestión, y también hay que recalcar que la propia Dirección de Protección Civil de Tulum, el año pasado, levantó un acta circunstanciada donde señalaba que la obra tenía una inclinación lateral y por eso estaba comprometida”, agregó la abogada.

De acuerdo con testimonios, el edificio se encuentra actualmente abandonado, luego de que, a principios del segundo semestre de este año, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo asegurara el inmueble a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La dependencia federal logró que un juez de control de Tulum ordenara el aseguramiento del edificio, después de casi dos años en que los propietarios se negaban a suspender las labores, pese a las irregularidades detectadas en materia ambiental.