Una derechohabiente del IMSS en Guadalajara fue rechazada al solicitar un aborto en la UMF 88, reflejando las barreras que persisten para acceder a este derecho en Jalisco.

Jalisco (Marcrix Noticias)-A pesar de que el aborto está despenalizado en Jalisco, el acceso efectivo a este servicio sigue enfrentando obstáculos. Un reciente caso en la Unidad Médica Familiar (UMF) 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Guadalajara, es un claro ejemplo de las barreras existentes.

Según María Elena García Trujillo, subsecretaria de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la clínica negó la solicitud de aborto a una mujer derechohabiente, argumentando la improcedencia del caso. En un documento oficial, se instruyó a la paciente a acudir al Hospital Materno Infantil Esperanza para realizar el procedimiento, sin asegurar la atención inmediata.

Por su parte, Karla Guadalupe López, titular del IMSS en Jalisco, aseguró que la institución cuenta con personal capacitado y no objetor de conciencia para atender estas solicitudes, pero no detalló las clínicas disponibles ni el número de personal apto para llevar a cabo el procedimiento.

Contexto de barreras en Jalisco:

El caso recuerda otros incidentes en Jalisco, como el ocurrido a finales de abril de 2024. En esa ocasión, una niña de 12 años del pueblo Wixárika, víctima de abuso sexual, fue hospitalizada en el Hospital Materno Infantil ‘Esperanza López Mateos’, donde se le negó el aborto a pesar de cumplir con los criterios legales.

La menor tuvo que esperar 11 días y ser trasladada a la Ciudad de México para someterse al procedimiento. Organizaciones como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) señalaron que este retraso constituye una forma de tortura, además de violar estándares internacionales de derechos humanos.

A pesar de la despenalización del aborto en varios estados de México, persisten desafíos para garantizar el acceso universal a este derecho. Entre las principales barreras se encuentran:

• Objeción de conciencia no regulada.
• Falta de capacitación adecuada del personal médico.
• Insuficiente infraestructura y claridad en los protocolos de atención.

Casos como el de la UMF 88 subrayan la importancia de fortalecer las políticas públicas para garantizar que ninguna mujer sea rechazada al ejercer su derecho al aborto.