La organización acusa a las ministras, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz de violar la ley electoral.

México (Marcrix Noticias)-La asociación civil Defensorxs AC presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, conocidas por su cercanía con la administración de la 4T. Las tres funcionarias son acusadas de realizar actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos en medio del proceso electoral judicial.

Los integrantes de Defensorxs AC, Miguel Alfonso Meza Carmona, Úrsula Amaranta Martínez Barrueta y Luis Ulloa García, señalaron que las ministras han estado promoviendo su imagen en plataformas como redes sociales, realizando viajes, entrevistas y participando en eventos con claros tintes proselitistas. Estas acciones, según los denunciantes, se han llevado a cabo antes de que inicie oficialmente el periodo de campañas (el 30 de marzo de 2025).

Meza Carmona criticó a las ministras por incumplir con la equidad en la contienda electoral y por ventajearse de sus posiciones como funcionarias de la SCJN, aprovechando su cercanía con Morena para posicionarse políticamente. En la rueda de prensa, se destacó que estas actividades contravienen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), la cual establece sanciones severas, como multas económicas y la pérdida de la candidatura en caso de violar la normativa electoral.

La denuncia ante el INE también incluye una solicitud para investigar si las ministras han utilizado recursos públicospara sus actividades de promoción. Se exige el cese inmediato de estas acciones y la eliminación de contenidos proselitistas en sus redes sociales.

El contexto de esta denuncia se agrava debido a las crecientes críticas hacia la reforma judicial en curso. El magistrado Juan José Olvera López calificó de “colaboracionistas” a los jueces y ministras involucrados en actividades que buscan desacreditar al Poder Judicial, al alinearse con un discurso oficial para ganarse la confianza del poder político.

Olvera también rechazó las justificaciones de los implicados, quienes argumentan que sus participaciones tienen fines de difusión de la reforma judicial. En su lugar, destacó el caso de Jean Claude Tron Petit, un académico que ha realizado actividades de promoción sin vincularse a intereses políticos.

El magistrado Olvera advirtió sobre las implicaciones autoritarias de la reforma judicial y el embate político sin precedentes al que se enfrenta el Poder Judicial. La denuncia presentada ante el INE refleja un ambiente de tensión política creciente entre el Poder Judicial y el gobierno actual, lo que podría tener serias consecuencias en el panorama electoral y judicial del país.

Este caso resalta el debate sobre el rol de los funcionarios públicos y su vinculación con los intereses políticos en un contexto de reforma y disputa por el poder judicial.