En el primere semestre de 2024 hubo 731 mil 856 llamadas de auxilio
Chetumal (Marcrix Noticias)- La falta de aplicación de la ley que sanciona las llamadas falsas fortalece su aumento en Quintana Roo y eleva de forma paralela el gasto innecesario al erario público, al realizar protocolos de protección a la ciudadanía como el efectuado en la Plaza Las Américas de Chetumal, provocado por una falsa alarma de bomba.
Como se recordará, al medio día de este domingo 18 de agosto, se reportó al Número de Emergencias 911 una amenaza de bomba – 5 explosivos- dentro de la Plaza Las Américas, lo que provocó que las autoridades en minutos desalojaran al personal de los comercios y a los clientes.
La movilización de los cuerpos policiacos y revisión exhaustiva de cada sitio de la Plaza Las Américas por más de tres horas provocó gastos al erario público y pérdidas económicas a los comercios y establecimientos de comida.
El operativo fue encabezado por la Coordinación Estatal de Protección Civil, fuerzas armadas, corporaciones policíacas y cuerpos de rescate y emergencias, hasta la movilización de perros entrenados en la detección de explosivos.
Las llamadas improcedentes se dividen en ocho conceptos, entre los cuales están “las falsas”.
La SSC reportó recientemente que durante el primer semestre del presente año hubo 731 mil 856 llamadas de auxilio. Tal cantidad representa aumento del 30 por ciento con respecto a esta misma temporalidad el año pasado.
De tal número, el 64 por ciento, equivalente a 469 mil llamadas, resultaron falsas.
El Artículo 220 del Código Penal de Quintana Roo establece que toda llamada que genere movilización innecesaria de insumos y personal de prevención de delito y combate a la inseguridad, será sujeta a pena corporal de seis meses a dos años de prisión.
Tal responsabilidad recae en la Secretaría de Seguridad Ciudadana /SSC) y Fiscalía General del Estado (FGE).
Asimismo, conlleva la aplicación de 50 a 500 días de multa, que cuando se aprobó dicha norma ascendían entre cuatro mil 481 y 44 mil 810 pesos.
Los daños a terceros también quedan como responsabilidad del causante.
Por cada unidad policíaca que se moviliza de manera innecesaria, por gasto de insumos y pago horas-hombre, el estado gasta en promedio mil 900 pesos.
Sin embargo, nunca se ha detenido a nadie por tal delito, aun cuando el Complejo C-5 de Cancún y los C-4 del estado cuentan con tecnología para el rastreo e identificación de los responsables.
