Un tribunal federal de apelaciones determinó que Donald Trump no puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua
Estados Unidos. (Marcrix Noticias).- Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos resolvió que el presidente Donald Trump no puede invocar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para expulsar de manera acelerada a migrantes venezolanos señalados como presuntos integrantes del Tren de Aragua. El fallo, emitido por el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans, marca un revés legal para la estrategia migratoria de la Casa Blanca.
En marzo, Trump había emitido una proclamación presidencial para aplicar la AEA a ciudadanos venezolanos, a quienes acusó de formar parte de una organización criminal extranjera que representaría una “invasión depredadora” en territorio estadounidense. Con esta medida, buscaba dar sustento legal a deportaciones inmediatas en varios estados fronterizos.
El tribunal de apelaciones, por mayoría de dos votos contra uno, concluyó que la Ley de Enemigos Extranjeros solo es aplicable en situaciones de guerra declarada o cuando un país extranjero ejecuta una invasión armada contra Estados Unidos. Los jueces subrayaron que la migración irregular no constituye una acción militar ni puede equipararse a una fuerza armada organizada.
“El fomento de la migración ilegal por parte de un país no equivale a enviar tropas a ocupar o dañar a Estados Unidos”, señala el fallo, que también enfatiza que no existe evidencia de que la inmigración masiva represente una invasión o incursión atribuible a un Estado extranjero.
Bajo esta interpretación, la aplicación de la AEA en el caso de los venezolanos carece de sustento jurídico.
Cabe recordar que en enero Donald Trump ya había restablecido la política de “expulsión inmediata” de personas indocumentadas, una medida que permite deportar sin audiencia judicial a quienes no logren comprobar al menos dos años de residencia continua en el país. Esa política, vigente durante su primer mandato, continúa en paralelo a la disputa legal sobre la AEA.
La Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que presentó la demanda, celebró la decisión al considerar que “deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”. Por ahora, la sentencia es vinculante en Luisiana, Misisipi y Texas, donde se habían implementado deportaciones basadas en la controvertida ley.