Tras casi 20 años de impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó una investigación penal y medidas de reparación integral.
Veracruz, (Marcrix Noticias).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió una sentencia histórica contra el Estado mexicano al determinar su responsabilidad internacional en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua que fue víctima de violación sexual por parte de elementos del Ejército mexicano y cuya muerte ocurrió en febrero de 2007, sin que durante casi dos décadas se le garantizara justicia a su familia.
El juez Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente de la Corte-IDH, estableció que la violación, las graves lesiones y la falta de atención médica oportuna causaron la muerte de Ascencio Rosario, quien tenía 73 años de edad. La Corte declaró que México es responsable internacionalmente por la violación sexual y las lesiones graves perpetradas contra la víctima, así como por incumplir su deber de investigar con debida diligencia y garantizar el acceso a la justicia a sus hijas e hijos.
Ernestina Ascencio vivía en la sierra de Zongolica, Veracruz. El 25 de febrero de 2007 fue encontrada en grave estado de salud cerca de un campamento militar, luego de haber sido atacada mientras pastoreaba ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa. Pasaron más de 10 horas antes de que pudiera ser trasladada al Hospital Regional de Río Blanco, donde no había intérpretes que facilitaran la comunicación con la mujer, quien falleció la madrugada del 26 de febrero debido a la gravedad de sus lesiones.
La necrocirugía practicada entonces documentó traumatismo craneoencefálico, fractura cervical y lesiones vaginales y anales, además de la presencia de líquido seminal. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia de Veracruz determinó el no ejercicio de la acción penal en abril de 2007, argumentando que no se acreditaron los delitos de violación ni homicidio. Posteriormente, la investigación en la jurisdicción militar también fue archivada, cerrando el paso a la justicia durante años.
En su resolución, la Corte-IDH concluyó que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio constituyó un acto de tortura, al haber sido intencional, causarle severos sufrimientos físicos y mentales y ejecutarse con fines de humillación, degradación e intimidación. Señaló además que la investigación ministerial no cumplió con los estándares de debida diligencia reforzada exigibles en casos de violencia sexual contra mujeres, particularmente en contextos de militarización y tratándose de una mujer indígena adulta mayor.
El tribunal interamericano subrayó que el caso estuvo permeado por estereotipos de género, etnia y edad, reproducidos incluso por altas autoridades del gobierno mexicano de la época, lo que generó un ambiente de descrédito hacia la víctima y su familia. También documentó que los familiares enfrentaron barreras estructurales en el acceso a la justicia por su condición de personas indígenas monolingües, además de presiones e intimidaciones para desistir de su búsqueda.
En consecuencia, la Corte-IDH determinó que México violó los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, honra, dignidad, igualdad ante la ley, protección judicial y salud, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como disposiciones de la Convención de Belém do Pará y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Como parte de la sentencia, el Estado mexicano deberá cumplir medidas de reparación integral, entre ellas realizar una investigación penal exhaustiva sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario; brindar atención médica y psicológica a sus familiares; efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; capacitar a funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
La resolución marca un precedente relevante en materia de derechos humanos y evidencia que tuvieron que pasar casi 20 años para que la justicia internacional reconociera la verdad y la responsabilidad del Estado mexicano en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra mujeres indígenas en el país.