Tribunal estadounidense no encontró pruebas de que el exgobernador de Chihuahua adquiriera propiedades con recursos ilícitos
Una Corte del Estado de Texas desestimó la denuncia presentada por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en contra de su antecesor César Duarte, a quien acusó de haber adquirido más de 50 propiedades en Estados Unidos con recursos públicos desviados del sector salud. La resolución se dio a conocer tras una sentencia sumaria a favor del imputado, lo que pone fin al proceso legal en esa jurisdicción sin que se celebre juicio.
De acuerdo con el comunicado emitido por los abogados del exmandatario estatal, la denuncia contenía acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de fondos públicos, supuestamente utilizados para comprar propiedades en Estados Unidos con dinero originalmente destinado a medicamentos para niños con cáncer.
Tras cinco años de investigaciones, las agencias estadounidenses encargadas del caso —entre ellas el FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia— concluyeron que no encontraron evidencia incriminatoria.
“La investigación incluyó la revisión de bienes, cuentas bancarias, vehículos, empresas y acciones en todo el territorio norteamericano”, subrayó la defensa de Duarte.
La causa penal, identificada con el número 2020 DCV0628, quedó cerrada en definitiva al emitirse una sentencia sumaria, mecanismo legal que se emplea cuando no existen elementos suficientes para continuar un proceso.
Con ello, se declara improcedente la denuncia impulsada desde el estado de Chihuahua.
Cabe recordar que en 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias sospechosas hacia Duarte desde empresas fachada y prestanombres, lo que derivó en dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
Asimismo, en 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores reinició el proceso de extradición tras detectar fallas en la solicitud original, lo que también motivó la colaboración de la UIF en el rastreo de los movimientos financieros del exgobernador.