El organismo advierte la existencia de más de 4 mil 500 fosas clandestinas y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar, lo que evidencia la magnitud de la crisis en el país.

 

México (Marcrix Noticias).– El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de la ONU remitir la situación de las desapariciones en México a la Asamblea General, con el objetivo de que se analicen medidas para apoyar al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.

La decisión fue tomada en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un procedimiento de carácter preventivo que busca movilizar la atención y el apoyo internacional, sin que implique establecer responsabilidades penales individuales.

De acuerdo con el Comité, la información disponible contiene “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían encuadrar como crímenes de lesa humanidad, al considerar que existen ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y momentos del país.

El organismo explicó que su evaluación se basa en información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano en septiembre de 2025, así como en datos recopilados desde 2012, incluidos exámenes periódicos, su visita oficial al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente realizadas por víctimas.

Si bien el Comité tomó en cuenta que la llamada “guerra contra las drogas” ha contribuido a generar condiciones de violencia, aclaró que no encontró pruebas de una política a nivel federal destinada a cometer desapariciones forzadas de manera deliberada. 

No obstante, subrayó que el derecho internacional no exige que estos hechos ocurran en todo el territorio ni que sean ordenados desde los más altos niveles de gobierno para ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

El Comité también reconoció la postura del Estado mexicano, que sostiene que muchas desapariciones son cometidas por grupos delictivos y no por agentes del Estado. Sin embargo, señaló que en algunos casos ha recibido información fundamentada sobre la posible participación directa de funcionarios públicos, o bien su autorización, apoyo o aquiescencia.

Asimismo, destacó que, conforme al artículo 5 de la Convención y al artículo 7 del Estatuto de Roma, este tipo de crímenes también puede ser cometido por organizaciones no estatales cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

En cuanto a la dimensión del problema, el organismo señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas aún no ofrece claridad sobre cuántos casos corresponden a desapariciones forzadas; sin embargo, advirtió que la magnitud de los registros refleja la gravedad de la situación.

El Comité citó el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas clandestinas en México, en las que se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos adicionales, además de aproximadamente 72 mil restos humanos que permanecen sin identificar.

Pese a las acciones emprendidas por el Estado mexicano desde la visita del Comité en 2021, el organismo advirtió que no se observa una mejora sustancial en la situación, de acuerdo con datos oficiales y públicos. 

Indicó que las autoridades continúan rebasadas por la magnitud del problema y que son necesarias reformas estructurales urgentes para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.

Ante este panorama, el Comité tomó la medida excepcional de llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU, con el fin de que se evalúe la implementación de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones, así como para indagar posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

También solicitó la creación de un mecanismo eficaz que permita esclarecer la verdad y brindar protección y apoyo a las familias, organizaciones y personas defensoras que participan en la búsqueda de desaparecidos.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas está integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos y supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional en la materia, la cual ha sido ratificada por 78 países.

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