Hoteleros del Caribe Mexicano, Riviera Maya y el CNET advierten incertidumbre jurídica tras fallo de la SCJN y piden reglas claras
Cancún(Marcrix Noticias).- El fallo emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que revocó el amparo que permitía a Grupo Xcaret utilizar elementos de la cultura maya en su promoción turística, y que aún no resuelve el fondo del asunto, provocó una reacción del sector turístico, que llamó a garantizar certeza jurídica y reglas claras sobre el uso del patrimonio cultural.
El criterio de la Corte establece que los elementos de la cultura indígena forman parte de un patrimonio colectivo, por lo que su uso con fines comerciales no puede realizarse de manera libre, abriendo un debate sobre los alcances legales, el acceso y la pertenencia de este patrimonio dentro de la actividad turística.
Ante este escenario, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano (CHCM) —organismo representativo de la principal región turística del país— señaló que en Quintana Roo, donde se concentra más del 50% del turismo internacional que llega a México, es fundamental garantizar certeza jurídica y un equilibrio adecuado entre la protección del patrimonio cultural y el desarrollo turístico.
El organismo reiteró su respeto a las instituciones y al Estado de Derecho como pilares de la confianza, la inversión y el desarrollo nacional, y advirtió que la falta de criterios claros sobre el uso, acceso y pertenencia del patrimonio cultural puede generar escenarios de incertidumbre que afecten la competitividad del destino en un entorno global.
Subrayó además que la cultura, la historia y las tradiciones son parte esencial de la identidad del Caribe Mexicano y uno de los principales motivadores de viaje a nivel internacional, por lo que su difusión responsable a través del turismo ha sido clave para su preservación, valoración y proyección global.
Por su parte, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya manifestó su respaldo total a Grupo Xcaret y reconoció su trayectoria como referente mundial en la promoción, difusión y dignificación de la cultura maya.
En su posicionamiento, destacó tres aportaciones específicas: la preservación de tradiciones mediante iniciativas como el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte; el vínculo comunitario a través del trabajo directo con representantes mayas bajo esquemas de respeto y diálogo; y la dignificación artística de la cultura mexicana mediante colaboraciones que posicionan al país como potencia cultural.
Asimismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que la promoción turística de la cultura mexicana sea objeto de interpretaciones que deriven en su “criminalización”, ante la falta de criterios claros y mecanismos definidos sobre el uso del patrimonio.
Advirtió que esta incertidumbre jurídica pone en riesgo no solo a empresas privadas, sino también a proyectos estratégicos del Estado mexicano, como el Tren Maya y los desarrollos turísticos asociados, cuya propuesta de valor depende de la identidad cultural de la región, incluyendo su cercanía con zonas arqueológicas y el uso de simbología maya.
La Asociación enfatizó que el respeto a la propiedad intelectual y al patrimonio cultural no debe entenderse como un aislamiento de la riqueza regional, sino como una colaboración ética que genere beneficios directos y equitativos para las comunidades, fortaleciendo su autogestión y preservando su legado a través de un turismo que dignifica sus expresiones.
En tanto, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) advirtió que limitar la difusión del patrimonio cultural puede resultar contraproducente para la promoción turística del país.
El organismo señaló que el uso responsable de la riqueza cultural ha sido uno de los principales motores para atraer turismo internacional, por lo que decisiones sin claridad normativa pueden generar menor inversión, afectar la certeza jurídica y debilitar el posicionamiento de México en el mercado global.
En conjunto, los organismos coincidieron en que la protección del patrimonio cultural es fundamental, pero insistieron en que debe acompañarse de reglas claras que permitan su difusión responsable sin frenar el desarrollo económico ni la promoción turística.
El caso, advirtieron, trasciende a una sola empresa y plantea un tema de fondo: cómo definir con claridad los criterios sobre el uso, acceso y pertenencia del patrimonio cultural dentro de una visión incluyente que permita preservar la identidad sin afectar la competitividad del país.
Mientras no se resuelva de manera definitiva el proceso judicial, el sector turístico mantiene el llamado a evitar la incertidumbre jurídica y a construir un marco claro que garantice tanto la protección cultural como el desarrollo de una de las industrias más importantes de México.