El Congreso de la Ciudad de México, aprobó la reforma para combatir la extorsión y cobranza ilegítima, imponiendo penas severas y facilitando la persecución de oficio.

 

Ciudad de México (Marcrix, Noticias).- El Congreso de la Ciudad de México, aprobó una reforma al Código Penal local que establece la extorsión y la cobranza ilegítima como delitos graves, con penas que oscilan entre los 10 y 15 años de prisión. 

La reforma, que recibió 59 votos a favor y ninguna oposición, también contempla la persecución de estos delitos de oficio, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.

La nueva legislación impone el mismo castigo a quienes cometan secuestro exprés, definido como la privación de la libertad de una persona por el tiempo estrictamente necesario para realizar un robo o extorsión.

Además, quienes utilicen medios ilícitos o actos de hostigamiento para cobrar deudas, también enfrentarán duras penas.

Paulo García, vocero de la bancada de Morena, destacó que la reforma permitirá que los extorsionadores no puedan salir bajo fianza, lo que representa un avance significativo en la protección de las víctimas, muchas de las cuales temen denunciar debido a la intimidación. 

La reforma, impulsada por Clara Brugada, jefa de Gobierno, junto con Tania Larios del PRI y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, también modifica la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para crear la Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión.

Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada de Morena, explicó que la reforma busca resguardar el patrimonio y la integridad física de la ciudadanía, y se implementará una línea telefónica exclusiva para denunciar estos delitos. 

Las penas de cárcel se incrementarán al doble si la extorsión se comete empleando imágenes o vídeos de contenido sexual, desde centros penitenciarios, o contra personas dedicadas al comercio y transporte.

Esta reforma representa un paso importante en la lucha contra la extorsión y la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente para el comercio popular y las pequeñas y medianas empresas en la Ciudad de México.

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