Pese a regulaciones pesqueras, la especie sigue registrando una fuerte reducción en su población.

Cancún (Marcrix Noticias)-El caracol rosado, especie emblemática del Caribe mexicano, atraviesa una crisis en Quintana Roo. Aunque su captura está prohibida en casi todo el estado, salvo en Banco Chinchorro bajo estrictos controles de cuotas y tallas, la pesca furtiva continúa, incluso disfrazada en redes sociales con palabras clave como “jícama” para evadir la vigilancia de las autoridades ambientales.

María del Carmen García Rivas, directora de Conservación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), alertó que la captura indiscriminada impide que los caracoles alcancen su etapa reproductiva, lo que amenaza su recuperación natural. “Están en poblaciones bajas en el estado, no todavía en peligro de extinción, por lo que es una especie protegida. Los únicos que tienen permiso para su captura son los pescadores de Banco Chinchorro”, explicó.

En esta zona se permite capturar alrededor de 12 toneladas de caracol únicamente cuando se comprueba la existencia de al menos 40 toneladas en el área. Sin embargo, investigaciones revelan que la mayoría de los ejemplares son juveniles y menos del 5% corresponde a adultos reproductores, lo que dificulta la repoblación.

La Carta Nacional Pesquera clasifica al caracol rosado en “deterioro” dentro de Quintana Roo, donde históricamente fue un recurso vital, especialmente en el sur del estado. En contraste, hoy su explotación ilegal y la demanda de carne, conchas y perlas de alto valor lo mantienen bajo fuerte presión.

García Rivas hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, recomendando verificar la procedencia legal del producto con factura y desmintiendo la creencia de que es un afrodisiaco: “Es una bomba de colesterol que tiene más afectaciones que beneficios”, advirtió.

La pesca de caracol rosado en México está regulada por la NOM-013-SAG/PESC-2016, que establece tallas mínimas de captura y periodos de veda. No obstante, su incumplimiento puede derivar en sanciones de hasta nueve años de prisión.

En lugares como Isla Mujeres, la práctica persiste de manera clandestina como fuente de sustento para varias familias, lo que refleja la complejidad del problema y la urgencia de reforzar las estrategias de conservación.