La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió sobre cómo las Reformas Judiciales en México amenazan el clima de inversión y el T-MEC
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos ,manifestó varias inquietudes respecto a la propuesta reforma judicial en México y la posible eliminación de organismos autónomos.
En un reciente comunicado, la Cámara advirtió que estos cambios podrían amenazar el Estado de derecho en México y las garantías esenciales para las operaciones comerciales en el país, subrayando que el cumplimiento de estándares internacionales establecidos por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) podría estar en riesgo.
Neil Herrington, vicepresidente para las Américas de la Cámara de Comercio, hizo un llamado “respetuoso” al gobierno mexicano para fomentar un diálogo continuo con el sector privado, académicos y expertos legales en torno a las reformas en debate en el Congreso de la Unión.
Herrington destacó la importancia de asegurar que estas reformas no sólo fortalecen el Estado de derecho, sino que también favorezcan un entorno económico propicio para el desarrollo.
El vicepresidente enfatizó que las empresas estadounidenses, como la mayor fuente de inversión extranjera directa en México, dependen de un sólido marco jurídico para operar eficazmente. “El éxito de nuestras operaciones depende de un estado de derecho robusto, que es fundamental para un clima de inversión dinámico y sostenible,” afirmó Herrington, reflejando la preocupación por el posible impacto adverso de las reformas.
Por otro lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, anunció una “pausa” en la relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, argumentando la necesidad de respetar la soberanía mexicana. Sin embargo, López Obrador aclaró que esta medida no afectará las relaciones con los gobiernos de ambos países, a pesar de las tensiones recientes.
En cuanto al contenido de la reforma, la propuesta de López Obrador y Claudia Sheinbaum plantea que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto popular en lugar de ser designados internamente. Esta reforma, prevista para su implementación en 2025, busca renovar completamente el Poder Judicial e introducir un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Aunque tiene la intención de aumentar la participación ciudadana, ha generado preocupaciones sobre su posible impacto en la independencia y eficacia del sistema judicial.