Buscan endurecer penas por robo de agua en el Estado de México
Diputados proponen sanciones de hasta 30 años de prisión y multas millonarias para frenar el llamado huachicoleo de agua que afecta el abasto en diversas comunidades mexiquenses
Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).- El Congreso del Estado de México analiza una iniciativa para endurecer las penas contra el robo y la venta ilegal de agua, un delito que en los últimos años ha afectado gravemente el suministro en varias regiones. La propuesta busca tipificar el denominado “huachicoleo de agua” como delito grave y aplicar castigos ejemplares a quienes participen en su extracción o comercialización ilícita.
La iniciativa fue presentada por la diputada local Zaira Cedillo Silva, del partido Morena, quien advirtió que el robo del recurso hídrico ha alcanzado niveles alarmantes, con afectaciones directas a miles de familias. De acuerdo con datos oficiales, hasta 40 por ciento del agua distribuida en el Estado de México es desviada o sustraída de manera ilegal, lo que genera desabasto y obliga a muchos hogares a depender del servicio de pipas privadas.
El proyecto plantea sanciones de hasta 30 años de prisión y multas que podrían superar los dos millones ochocientos mil pesos, además de la inhabilitación de funcionarios públicos involucrados en este tipo de delitos. La legisladora señaló que el objetivo es frenar una práctica que no solo afecta a la ciudadanía, sino que también representa pérdidas económicas y daños a la infraestructura hidráulica.
Entre 2023 y 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició 37 carpetas de investigación por robo de agua, aunque ninguna ha sido judicializada hasta el momento. Este dato, señaló Cedillo Silva, refleja la necesidad de fortalecer el marco legal y los mecanismos de persecución penal.
Como parte de las acciones de vigilancia, la denominada Operación Caudal detectó 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además del aseguramiento de 322 pipas empleadas para distribuir agua de manera ilegal. Las autoridades estatales reconocen que el combate al huachicoleo del agua requiere de coordinación entre los tres niveles de gobierno y de una estrategia integral que garantice el derecho al acceso equitativo del recurso.