Violencia, presión legal y hostigamiento digital limitan la cobertura informativa y amplían zonas sin vigilancia pública.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- La autocensura en el periodismo se ha consolidado como una práctica extendida a nivel global. Datos recientes de la UNESCO señalan que 63 por ciento de los periodistas evita publicar ciertos contenidos para reducir riesgos personales, legales o profesionales, una tendencia que crece de forma sostenida en los últimos años.
De acuerdo con el organismo internacional, esta práctica aumenta a un ritmo anual cercano al cinco por ciento y tiene efectos directos en la calidad, diversidad y profundidad de la información que llega a la sociedad.
La expansión de la autocensura en el periodismo ocurre en paralelo a un deterioro de la libertad de expresión. Indicadores internacionales muestran una caída acumulada de 10 por ciento desde 2012, mientras que más de 70 por ciento de la población mundial vive actualmente bajo regímenes no democráticos.
En este contexto, los gobiernos han incrementado sus mecanismos de control sobre los medios de comunicación, con regulaciones más estrictas, vigilancia administrativa y presiones indirectas que influyen en las agendas editoriales.
Violencia e impunidad como factores persistentes
La UNESCO documenta que entre 2021 y 2024 más de 310 periodistas murieron por causas vinculadas directamente con su labor informativa. A ello se suma que, en 2024, al menos 361 profesionales permanecían privados de la libertad en distintos países por actividades relacionadas con el ejercicio periodístico.
La impunidad agrava el escenario. Registros internacionales indican que alrededor del 85 por ciento de los asesinatos de periodistas no ha sido resuelto judicialmente, lo que refuerza el clima de riesgo y desalienta la cobertura de temas sensibles.
En áreas especializadas, como el periodismo ambiental, el impacto es aún más evidente. Desde 2010 se han documentado decenas de asesinatos de comunicadores dedicados a esta cobertura, con un número mínimo de sentencias condenatorias a nivel mundial.
Presión legal y ataques digitales
Además de la violencia física, la autocensura en el periodismo se ve impulsada por riesgos legales y hostigamiento en entornos digitales. La UNESCO identifica un uso creciente de litigios estratégicos, en los que actores con poder presentan denuncias contra periodistas por delitos similares a los investigados en sus trabajos.
Actualmente, al menos 160 Estados mantienen leyes que penalizan la difamación, lo que permite iniciar procesos judiciales contra periodistas y medios por contenidos críticos. En paralelo, las plataformas digitales concentran campañas de acoso que buscan desacreditar o silenciar voces informativas.
Las mujeres periodistas enfrentan una exposición mayor a este tipo de agresiones. Siete de cada diez reportan ataques en línea relacionados con su actividad profesional, incluidos mensajes intimidatorios y campañas coordinadas.
La presión acumulada ha generado desplazamientos forzados. En América Latina y el Caribe, más de 900 periodistas han salido de sus lugares de origen desde 2018 para proteger su integridad.
Este fenómeno reduce la cobertura local y debilita la supervisión pública sobre autoridades y actores de poder. Organismos internacionales advierten que la ausencia de periodistas en determinadas regiones favorece la circulación de información no verificada y disminuye la rendición de cuentas.