Durante el enfrentamiento armado que protagonizaron dos grupos del Cártel de Sinaloa el pasado domingo 15 de junio en Culiacán, las autoridades aseguraron una pieza de equipo poco frecuente en el crimen organizado: un arma antidrón Skyfend Hunter, valuada en unos 100 mil dólares.
De acuerdo con reportes de seguridad, el combate —en el que fallecieron tres civiles— comenzó en la madrugada, cuando grupos antagónicos de la organización delictiva se disputaban el territorio. Durante el operativo posterior, las autoridades decomisaron, además, cuatro fusiles AK-47, dos fusiles M4 (uno de ellos con lanzagranadas incluido), una ametralladora calibre .50 mm montada en el toldo de una camioneta con blindaje artesanal, así como un lanzagranadas Black Rain Ordnance de 40 mm, varias pistolas y cargadores.
El Skyfend Hunter, considerado de última generación, es capaz de interferir simultáneamente el control, la navegación y la transmisión de vídeo de múltiples drones en un rango de hasta tres kilómetros. Una vez que logra inhibir al aparato, éste pierde estabilidad y se desploma en el lugar en el que vuela. Según las autoridades, el equipo estaba resguardado en un estuche negro junto con varias baterías y municiones de otros tipos de armas.
Este modelo de inhibidor ya había aparecido en manos de grupos del crimen en mayo pasado, cuando el Cártel de Sinaloa, en particular la facción de La Mayiza, lo utilizó en otros hechos de violencia. Sin embargo, en el enfrentamiento de este fin de semana el dispositivo estaba en poder de un grupo más afín a Los Chapitos.
Este fenómeno evidencia el incremento en el uso de drones tanto para realizar ataques como para dar seguimiento a los movimientos de las autoridades. Por eso el Ejército trabaja actualmente en el reforzamiento de su escuadrón no tripulado, denominado “601”, con la adquisición de drones más avanzados, equipados con sistemas de detección de metales para encontrar explosivos caseros usados tanto en combates como en emboscadas.
A pesar de la complejidad de esta tecnología y de su alto costo en el mercado, en México la comercialización de inhibidores de drones no está regulada, lo que permite que puedan caer en manos de grupos del crimen organizado.