La nueva Ley de expropiación en Quintana Roo,  tuvo 17 votos a favor y tres en contra.

Chetumal (Marcrix Noticias).- Aprobada con 17 votos a favor y tres en contra, la reforma a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio en el estado de Quintana Roo, que concede todo el poder al gobierno sobre bienes privados.

La reforma da certeza jurídica y legalidad en el procedimiento de expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio en el estado.

Decreto que amplía a 25 los puntos de expropiación en beneficio público, contenidos en el artículo 11 de la misma ley, que entró en vigor en 1978.

Algunas causas de expropiación en el documento que estuvo vigente 46 años eran el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; la creación , ampliación o mejoramiento de centros de población; y la construcción o ampliación de unidades de habitación de interés social.

Ahora la modificación aprobada, justifica la planeación, estudio, proyección, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y aplicación de las obras y servicios necesarios para la operación y administración de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado dentro del Estado.

La adquisición y la utilización o aprovechamiento de obras hidráulicas de propiedad privada, cuando se requieran para la eficiente prestación del servicio público de distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado establecido o por establecer.

La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que sean necesarios para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, conservación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, incluyendo las instalaciones conexas como son los caminos de acceso y las zonas de protección”, entre otros.

Así como la preservación, embellecimiento o saneamiento de los lugares con vista panorámica.

Con este marco jurídico se establecen los requisitos mediante los cuales se permite a la autoridad expropiar, así como los procesos para que las personas afectadas sean notificadas por la Consejería Jurídica del Gobierno del estado.

 

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