El documento fue publicado el 21 de agosto de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.
México (Marcrix Noticias)-Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un acuerdo que define las reglas para la transición de la Administración Pública Federal, en preparación para el cambio de gobierno hacia la administración de Claudia Sheinbaum, presidenta electa. El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca asegurar que tanto los servidores públicos actuales como los designados por Sheinbaum coordinen un traspaso de poder eficiente y transparente.
El acuerdo se fundamenta en principios como disciplina, legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Para ello, se establece la creación de una Mesa de Coordinación para la Transición, que será un órgano colegiado compuesto por funcionarios salientes y entrantes. Esta mesa será instalada por la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, junto con Rosa Icela Rodríguez, futura titular de la dependencia.
El acuerdo especifica que la Mesa de Coordinación para la Transición deberá instalarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la entrada en vigor del acuerdo, es decir, a más tardar el 28 de agosto. Además, se crearán mesas de coordinación específicas en cada dependencia o entidad pública, integradas por sus titulares y otros funcionarios clave, junto con los designados por el equipo de Sheinbaum.
Estas mesas de coordinación tienen la responsabilidad de intercambiar información, facilitar la comunicación entre el gobierno saliente y el entrante, y adoptar las medidas necesarias para una transición ordenada y eficiente. Los funcionarios deberán proporcionar toda la información y documentación requerida, que abarcará aspectos como recursos humanos, financieros, materiales, auditorías, proyectos en desarrollo, controversias legales y contratos vigentes.
El acuerdo también subraya la importancia de cumplir con las normativas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en responsabilidad administrativa y rendición de cuentas. Las erogaciones que surjan del proceso de transición serán cubiertas con el presupuesto aprobado para 2024, sin que se asignen recursos adicionales.