El daño ambiental en el Malecón Tajamar ha encendido la alerta en Cancún, donde ambientalistas analizan interponer una demanda por eventos masivos que afectan el ecosistema, pese a una orden judicial de restauración
Cancún (Marcrix Noticias).- El daño ambiental en el Malecón Tajamar se ha intensificado en los últimos meses debido a la realización de eventos masivos, lo que ha llevado a ambientalistas en Cancún a considerar acciones legales contra autoridades por el incumplimiento de medidas de restauración del humedal.
La agrupación Movimiento Social en Pro de los Derechos del Pueblo evalúa presentar una demanda civil contra el Ayuntamiento de Benito Juárez y otras instancias gubernamentales, al considerar que existe un manejo inadecuado de esta área natural protegida.
De acuerdo con Katerine Ender Córdova, representante legal del colectivo, existe una orden judicial que obliga a los tres niveles de gobierno a rehabilitar el ecosistema afectado, sin embargo, aseguró que no se han cumplido dichas disposiciones.
La activista también denunció la existencia de un acuerdo firmado entre autoridades municipales y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, en el que se comprometían a restaurar el área a cambio de permitir el uso del espacio en proyectos de infraestructura.
Dicho acuerdo establece como fecha límite el mes de septiembre del presente año, pero hasta ahora no se observan avances en la recuperación del humedal, mientras continúan realizándose actividades que generan afectaciones ambientales.
Según la denuncia, los eventos masivos provocan ruido excesivo, iluminación artificial intensa y alta afluencia de personas y vehículos, factores que alteran significativamente el hábitat de diversas especies que habitan en la zona.
El Malecón Tajamar es considerado un sitio clave para la biodiversidad, ya que alberga entre 70 y 100 especies, entre aves migratorias, mamíferos y reptiles, cuya presencia se ha visto disminuida con el paso del tiempo.
Ante este panorama, los ambientalistas informaron que presentarán un informe detallado ante el Gobierno Federal para evidenciar los daños y el incumplimiento de las autoridades, y con base en la respuesta oficial, definirán si proceden legalmente para exigir la restauración del ecosistema.