Las investigaciones federales vinculan al edil con secuestro agravado y delincuencia organizada en el contexto electoral
Jalisco (Marcrix Noticias).- El Alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, enfrenta prisión preventiva oficiosa por los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada, luego de que un juez federal de control determinara su probable responsabilidad en hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2021, en los que habrían sido privados de la libertad dos candidatos del partido Morena.
La resolución fue emitida por el juez federal Mario Elizondo Martínez, con sede en Almoloya de Juárez. En la misma causa penal también fueron imputados el comisario de Seguridad Municipal, Juan Manuel N, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel N, por su presunta participación en los mismos hechos delictivos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, en marzo de 2021 Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, fue citado en un restaurante ubicado sobre la carretera Internacional 604.
En ese lugar, sujetos armados lo privaron de la libertad y lo trasladaron a un lote baldío, donde fue golpeado y torturado con el objetivo de obligarlo a desistir de su aspiración política. Posteriormente, fue llevado a un domicilio en la colonia Obrera 1, donde continuaron las agresiones.
Privación de la libertad y renuncias forzadas
Durante su cautiverio, Guillermo Cordero fue obligado a contactar a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, quien también fue secuestrado y agredido. Según la carpeta de investigación, ambos fueron forzados a firmar su renuncia como precandidatos ante el Instituto Nacional Electoral.
Tras firmar los documentos, las víctimas fueron liberadas en la colonia Infonavit, lo que permitió que la candidatura quedara en manos de Diego Rivera Navarro, quien posteriormente resultó electo presidente municipal.
Delincuencia organizada y red de extorsión
Además del secuestro agravado, al Alcalde de Tequila se le imputan cargos por delincuencia organizada. El Ministerio Público federal sostiene que el edil habría encabezado una red de extorsión que operaba en el municipio, afectando a comerciantes, empresarios y artesanos mediante el cobro de derecho de piso.
Las cuotas exigidas, de acuerdo con las investigaciones, iban desde 500 pesos hasta montos millonarios, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a las finanzas municipales. Quienes se negaban a pagar eran amenazados o privados de la libertad.
Presunto vínculo con el CJNG
La indagatoria también señala que Diego Rivera Navarro habría pactado la entrega de aproximadamente 40 millones de pesos anuales al Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que presuntamente financió su campaña a la presidencia municipal.
En la estructura señalada por la Fiscalía, se menciona la participación de funcionarios municipales y colaboradores cercanos, algunos de los cuales se encuentran prófugos. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades.
La audiencia para resolver la vinculación a proceso de los imputados fue programada para el martes 10 de febrero, fecha en la que también se definirá el tiempo que permanecerán bajo prisión preventiva.