Las víctimas de violencia policial exigen justicia y transparencia en medio de la toma de protesta de la nueva legislatura
Chetumal (Marcrix Noticias).- Este martes, mientras se efectuaba la toma de protesta de la nueva legislatura del Congreso de Quintana Roo, un grupo de activistas y víctimas de la represión ocurrida el 9 de noviembre de 2020 se congregaron frente al recinto. La protesta, que ha ganado visibilidad por sus exigencias de justicia y transparencia, ha sido marcada por las fuertes denuncias de las víctimas.
María Oronzol, quien ha sido una de las voces en la protesta, ha señalado que fue víctima de tortura sexual por parte de la policía municipal y estatal en Cancún durante el violento episodio del 9N. Según su testimonio, la agresión sucedió en la zona trasera del palacio municipal de Benito Juárez, donde fue golpeada y sometida a violencia sexual por varios agentes policiales.
A pesar de la seriedad de las acusaciones y las evidencias presentadas, Oronzol afirma que su caso ha sido sistemáticamente ignorado y encubierto por las autoridades. En su declaración, la activista destaca que la actual gobernadora del Estado de Quintana Roo, María Lezama, quien en ese momento era presidenta municipal de Benito Juárez, aceptó la responsabilidad en el caso.
Sin embargo, Oronzol sostiene que Lezama ha intentado cerrar el caso sin llevar a cabo las investigaciones adecuadas, desestimando las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
Desde el ataque sufrido, Oronzol y otras sobrevivientes han mantenido una lucha constante, marcando 22 meses de resistencia y manifestaciones mensuales en la fecha del incidente. La protesta de hoy no solo ha sido una ocasión para recordar la tragedia, sino también para demandar una respuesta judicial efectiva.
El lento avance de la Fiscalía de Quintana Roo en la investigación ha generado desconfianza entre las víctimas. Oronzol ha acusado a la fiscalía de cerrar la investigación penal prematuramente, a pesar de las 11 carpetas abiertas para investigar a los mandos responsables. Además, la jueza Silvia Verónica Solís Lizama dictó una sentencia en la que los responsables solo tuvieron que pagar una multa de 4 mil pesos, cantidad que, según las víctimas, no ha sido recibida.
Las víctimas han recurrido a amparos y apelaciones, acusando una línea política y corrupción que protege a los responsables y obstruye la justicia.
El descontento se realizó también a través de actos simbólicos, como el lanzamiento de huevos durante la llegada de los nuevos diputados.