Los abogados y empresarios consideran que la propuesta para aumentar el Predial en Playa del Carmen es arbitraria, opaca y lesiva para la economía local.
Playa del Carmen(Marcrix Noticias).- Organismos empresariales y la Barra de Abogados de la Riviera Maya rechazaron la propuesta del gobierno municipal de Estefanía Mercado Asencio para modificar la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción que se aplicaría al cobro del Impuesto Predial en 2026, al considerar que se trata de una medida arbitraria, opaca y lesiva para la economía de la ciudad.
El pasado 23 de julio, cinco días antes del aniversario del municipio, representantes del sector privado agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) hicieron llegar su postura oficial al director de Catastro, Mauricio Adrián Leal Maldonado, mediante documentos individuales donde expresaron su rechazo a la propuesta. Señalan que los incrementos propuestos en los avalúos catastrales son desproporcionados y que el estudio técnico en que se basan no fue transparente ni estadísticamente válido.
De acuerdo con la documentación, la Dirección de Catastro Municipal utilizó como base solo 58 muestras para representar un universo de más de 137 mil predios, lo que equivale a apenas el 0.042 % del total. “Eso no es un estudio técnico, es una extrapolación sin fundamento”, advirtió la Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C., que también respaldó la exigencia de detener el proceso y reponerlo desde cero.
La iniciativa privada, que incluye a organizaciones como la AMPI, Coparmex, Canaco, Canirac, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y diversos colegios profesionales, acusó que la propuesta fiscal carece de fundamentos técnicos claros y no fue sometida a una consulta pública real, ya que el expediente técnico nunca se publicó ni se dio acceso pleno a la información.
Advirtieron que algunos sectores enfrentarían aumentos de hasta 500 % y 900 % en los valores catastrales, lo que repercutirá en el bolsillo de las familias y en los costos operativos de las pequeñas y medianas empresas. Exigieron que cualquier alza del impuesto predial no supere el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Además, denunciaron que los factores de ajuste, como el llamado Factor de Zona (Fzo), son arbitrarios e inventados, pues no se sustentan en datos reales del mercado inmobiliario. También señalaron que no hay justificación técnica para la nueva zonificación catastral propuesta por la tesorería municipal, encabezada por Javier Regalado Hendricks.
En un contexto de reducción del turismo, alta competencia con otros destinos, percepción de inseguridad, extorsiones y caída en reservaciones de hasta el 40 %, el sector empresarial consideró inviable imponer nuevas cargas fiscales sin criterios técnicos ni sensibilidad económica.
La Barra de Abogados también exigió declarar sin efectos la consulta pública realizada y comenzar de nuevo el procedimiento, incluyendo un estudio estadísticamente representativo, eliminando factores de ajuste genéricos y garantizando acceso público e irrestricto al expediente completo, en un nuevo plazo para presentar observaciones ciudadanas.
Finalmente, tanto empresarios como abogados coincidieron en que no se oponen a una actualización de los valores catastrales, pero exigen que esta se realice de manera transparente, técnica y proporcional. “En lugar de avanzar hacia una confrontación inevitable, extendamos una invitación a la colaboración”, concluyó la Barra.