Los abogados  de Kilmar Ábrego García, acusado de tráfico de personas, solicitó que se posponga su liberación de una cárcel en Tennessee para evitar su deportación inmediata.

Estados Unidos (Marcrix Noticias)-En un giro inesperado, los abogados de Kilmar Ábrego García, un trabajador salvadoreño detenido en Tennessee, han pedido a un juez federal que retrase su liberación para evitar que las autoridades migratorias lo deporten de forma inmediata, incluso antes de que enfrente su juicio por presunto tráfico de personas.

El caso se encuentra ahora en manos del juez Waverly Crenshaw Jr., quien deberá decidir en los próximos días si Ábrego García puede salir de la cárcel mientras espera su proceso judicial. Aunque una jueza federal anterior, Barbara Holmes, determinó que el salvadoreño no representa un peligro ni riesgo de fuga, el gobierno federal apeló la decisión.

La defensa cambió de estrategia al conocer que, en caso de ser liberado, el gobierno podría deportarlo a México o Sudán del Sur, países con los que no tiene vínculos. Por ello, solicitaron una suspensión temporal de 30 días para explorar vías legales y evitar una expulsión precipitada.

Ábrego García fue deportado ilegalmente en marzo pasado, a pesar de una orden judicial que prohibía su regreso a El Salvador debido a amenazas de pandillas. Aunque el gobierno lo vinculó con la MS-13, nunca se presentaron cargos, y el propio acusado ha negado cualquier relación.

El gobierno estadounidense lo trajo de vuelta tras una orden de la Corte Suprema, ahora enfrentando cargos por supuestamente trasladar a nueve personas en un vehículo durante una parada de tránsito en 2022. Según su defensa, los cargos carecen de fundamento.

Mientras tanto, su esposa, Jennifer Vasquez Sura, ciudadana estadounidense, ha presentado una demanda en Maryland contra la administración Trump por la deportación previa de su esposo. También solicita que se impida una segunda expulsión.

Los abogados buscan además que Ábrego García sea trasladado a Maryland, donde su situación jurídica podría tener mejores condiciones de revisión. También han solicitado una orden de al menos 72 horas que impida una deportación inmediata tras una eventual liberación en Tennessee.

El caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de las consecuencias de las políticas migratorias del gobierno de Trump y de las tensiones entre el sistema judicial y las autoridades migratorias federales.