Está por cumplirse un año de operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y tres de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se ha negado a devolver o indemnizar por la expropiación de 91.5 hectáreas a valor comercial (mil 200 millones de pesos), a un particular para el área de amortiguamiento de este proyecto del Gobierno Federal.
En entrevista con Paco Zea en Imagen Noticias, el abogado Rafael Ayala informó que la dependencia a cargo de Román Meyer ha incumplido cuatro términos que le dictó la juez Quinta de Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, el último venció este miércoles sin que hubiera respuesta positiva sobre el pago o la devolución de la superficie.
No van a entregar las propiedades, no van a excluir la totalidad de las 91.5 hectáreas que le corresponden al quejoso, no van a hacer las cancelaciones y no van a dar posesión al mismo. No obstante que el juez dio la oportunidad de que si no se puede entregar la propiedad porque se encuentran dentro del área de construcción del aeropuerto haga una indemnización y no lo va a hacer”, señaló.
El asunto corresponde al juicio de amparo 1537/2019 y recurso de revisión 326/2022 correspondiente al quejoso Raúl Romero Zenizo (extinto) y cuya albacea es María Cristina Guadalupe Havaux Aspe.
El argumento que pone la Secretaría, según los propios oficios, cuya copia tiene Grupo Imagen, es que sigue revisando las escrituras públicas que datan desde 1970 y 1975 con antecedentes registrales desde 1962 inscritos en el Registro Público, pese a que ya lo hizo en su momento el juez de distrito la propia SEDENA que fungió como la constructora de la terminal.
La aludida Dirección General del Ordenamiento de la Propiedad Rural se encuentra en análisis de los elementos aportados por la parte quejosa, a fin de dictar la resolución que en derecho proceda, misma que será necesaria para verificar si resulta procedente o no la exclusión de las fracciones solicitadas por el quejoso”, respondió Erick Daniel Nava Nájera, director de Ejecutorias de Sedatu a la juez quinta de distrito.
En tanto, el abogado Ayala aclaró: “La Secretaría de la Defensa Nacional claramente dentro del procedimiento (de expropiación) hizo los estudios técnicos y declaró procedente dicha documentación”.
Agregó que la próxima semana la juzgadora deberá emitir una nueva resolución luego de que la Sedatu se ha negado a cumplir su compromiso con los afectados por la obra.
Esa negativa y una burla al poder judicial federal porque es una sentencia de orden público que se debe cumplir”, advirtió.
El predio de 91.5 hectáreas en cuestión se denomina “Xaltocan” y se ubica en el municipio de Nextlalpan en el Estado de México.