La Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados la opinión jurídica para reglamentar el Artículo 33 de la Constitución y garantizar la libertad de expresión a los extranjeros que radican en México o que visitan el país.
El objetivo de esta modificación, de acuerdo con el responsable de la política interior, Adán Augusto López, es que el Instituto Nacional de Migración no pueda expulsar de forma inmediata (fast track) a cualquier extranjero y se le garantice el derecho de audiencia, en caso de que sea señalado por involucrarse en asuntos políticos del país.
“Ha sido una herramienta utilizada para coartar la libertad de expresión o de manifestación de personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido utilizada de forma discrecional para deportar o expulsar a profesores e investigadores”.
A través de sus redes sociales, precisó que en el actual no gobierno no hay un solo extranjero que haya sido expulsado.
En el caso del gobierno del presidente Peña Nieto se expulsó a cuatro: el embajador de Corea del Norte, Kim Hyong, el investigador Alfredo Bonnano, acusado de apoyar a movimientos anarquistas, dos ciudadanos españoles integrantes de la organización terrorista ETA, Juan Jesús Narváez e Iciar Alberdi Uranga.
Sobre el sexenio de Felipe Calderón, el funcionario informó que fueron expulsadas del país las españolas Valentina Cortes Torrida y Cristina Vall Hernández; Samantha Vietmar de Alemania, así como los chilenos Mario Alberto Aguirre y Valentina Palma Novo.
Además, se expulsó a Miguel Ángel Beltrán Villegas, originario de Colombia, Leonilda Zurita, de nacionalidad boliviana, pertenecía al Movimiento al Socialismo y el cantante francés-español Manú Chau quien fue declarado persona “non grata” al lanzar una crítica sobre los hechos políticos ocurridos en Atenco.
El funcionario dijo que de modificarse el artículo 33, se eliminará la facultad del Ejecutivo de deportar o expulsar vía ‘fast track’ a alguien y se establecerá un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación para garantizar a los extranjeros el derecho a la previa audiencia.
FUENTE EXCELSIOR