Blanca Cruz García informó que el organismo electoral conservará el convenio con Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México hasta que las autoridades fiscalizadoras determinen si existen irregularidades que ameriten cambios o sanciones.

Ciudad de México. ( Marcrix Noticias).— El Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá vigente el contrato por hasta 71 millones de dólares para la producción de credenciales para votar, pese a los señalamientos sobre un presunto reparto de ganancias entre la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, informó que el convenio no será revocado por el momento, debido a que se encuentra sujeto a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC), instancias que deberán determinar si existen elementos para modificar el contrato o aplicar sanciones a las empresas involucradas.

El acuerdo fue firmado el 10 de diciembre de 2025 con Cosmocolor, S.A. de C.V., en participación conjunta con Icards Solutions, S.A. de C.V., y Talleres Gráficos de México. El monto máximo asciende a 71 millones de dólares y su vigencia se extiende hasta 2030.

La controversia surgió luego de que Latinus difundiera, el 2 de noviembre, un video en el que presuntamente aparecen Taddei Zavala y Hernández Casillas revisando cantidades y calculando ganancias relacionadas con contratos del organismo electoral. En otra grabación, difundida el 21 de octubre, el empresario aparece celebrando con funcionarios del INE la firma de uno de los convenios.

Cruz García argumentó que los contratos representan obligaciones tanto para el instituto como para las empresas proveedoras, por lo que cualquier modificación deberá sustentarse en las determinaciones de las autoridades competentes. Señaló que, si se acredita alguna irregularidad que amerite cambios o sanciones, el organismo tendrá que atender las resoluciones correspondientes.

Por separado, la ASF y el OIC mantienen investigaciones sobre los contratos y proveedores electorales. Entre las acciones reportadas se encuentra la solicitud de bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas vinculadas con estos proveedores. La auditoría también recurrió a testigos protegidos e informantes clave mediante un programa de reducción de sanciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) también investiga posibles delitos relacionados con el caso, entre ellos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Mientras no existan determinaciones de las autoridades fiscalizadoras, el contrato continuará vigente. Omnia +2

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