La exalcaldesa de Solidaridad fue detenida en la Ciudad de México por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con contratos de servicios públicos.

Cancún (Marcrix Noticias)-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la detención de Roxana Lili “N”, expresidenta municipal de Solidaridad, realizada en la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por su probable relación con el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos al Ayuntamiento de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen.

De acuerdo con el comunicado oficial, las investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de servicios especializados para el lavado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales durante la administración de la exalcaldesa.

La Fiscalía señaló que, entre 2022 y 2024, se habrían otorgado de manera indebida tres licitaciones públicas a un particular para realizar estos trabajos, pese a que existían inconsistencias en la prestación del servicio y en la documentación que respaldaba los pagos.

Como parte de las indagatorias, se detectó que la dependencia municipal contaba con un parque vehicular de 123 unidades y que la empresa contratada reportaba hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso, aunque únicamente tenía 15 trabajadores.

Otro de los señalamientos de la autoridad es que el prestador del servicio no contaba con comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos. Pese a esta situación, los pagos continuaron y superaron los 62 millones de pesos, según la investigación ministerial.

La FGE también indicó que servidores públicos involucrados habrían omitido sus responsabilidades de supervisión y seguimiento, al no verificar que los servicios contratados se cumplieran ni que existiera la documentación comprobatoria exigida por la ley.

La orden de aprehensión fue cumplimentada en la capital del país y deriva de las investigaciones por el presunto daño al erario municipal. La exalcaldesa quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso legal.

Cabe señalar que los señalamientos forman parte de una investigación ministerial y será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes.

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