Sala Superior del TFJA ratificó este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México la inhabilitación por un año contra Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, por omitir una cuenta bancaria en su declaración patrimonial.
México (Marcrix Noticias)-La decisión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sepultó los argumentos legales presentados por la defensa de Rosario Robles Berlanga, quien alegaba una violación al principio de no ser juzgada dos veces por una misma falta. Durante la sesión pública, los impartidores de justicia aclararon que el fallo actual da continuidad formal al procedimiento administrativo iniciado originalmente por la Secretaría de la Función Pública y no constituye un castigo retroactivo ni duplicado. Con esta resolución colegiada, el órgano jurisdiccional validó la legalidad del procedimiento de revisión patrimonial que arrastra la exfuncionaria federal desde la pasada administración.
Origen del castigo administrativo y la reducción de la sanción original
La Secretaría de la Función Pública impuso inicialmente un castigo de diez años tras una auditoría patrimonial.
El origen de este litigio administrativo se remonta al año 2019, cuando la Secretaría de la Función Pública, entonces encabezada por Irma Eréndira Sandoval, determinó una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos tras detectar anomalías en la evolución patrimonial de la exresponsable de la política social y agraria del país. Dicha sanción contempló la omisión deliberada de una cuenta bancaria a su nombre en las declaraciones oficiales correspondientes. No obstante, tras una serie de recursos legales interpuestos por la defensa, un Tribunal Colegiado revocó la determinación inicial, obligando a la dependencia federal a emitir un nuevo fallo en junio de 2023 donde se ajustó la penalización a un periodo de doce meses.
Aplicación inmediata del fallo y su impacto en el registro oficial
La medida restrictiva se hará efectiva en cuanto la exfuncionaria sea notificada formalmente por las autoridades.
El alcance de la sentencia aprobada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estipula que la inhabilitación de un año no operará de forma retroactiva hacia los años 2019 o 2023, sino que entrará en vigor de manera imperativa una vez que Rosario Robles Berlanga sea debidamente notificada del fallo emitido en la capital del país. Adicionalmente, la determinación judicial incluye la instrucción obligatoria para que la exfuncionaria sea inscrita formalmente en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, cerrando de esta manera uno de los flancos administrativos pendientes derivados de las auditorías a su paso por el gabinete federal.
