La SCJN atrajo dos asuntos relacionados con la concesión de agua potable y buscará resolver en un plazo máximo de seis meses el conflicto entre la empresa y el Gobierno de Quintana Roo.

Cancún(Marcrix Noticias).- El futuro de Aguakán en Quintana Roo quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo Pleno determinó este martes 17 de noviembre intervenir directamente en la disputa legal por la concesión del servicio de agua potable.

El Máximo Tribunal analizará dos asuntos que podrían determinar si la empresa continúa operando en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos o si el servicio regresa a manos del Gobierno del Estado.

El ministro Irving Espinosa Betanzos confirmó que votó a favor de atraer ambos asuntos, debido a su relevancia social y jurídica.

Aguakán podría perder la operación del servicio antes del fallo definitivo

Uno de los recursos que analizará la Suprema Corte está relacionado con la suspensión definitiva que ha permitido a Aguakán continuar operando y cobrando por el servicio de agua potable, pese a la aprobación del Decreto 195 del Congreso de Quintana Roo.

Dicho decreto dejó sin efectos la prórroga de la concesión que permitía a la empresa operar hasta 2053.

En caso de que la SCJN revoque la suspensión, el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), podría asumir la operación de la infraestructura hidráulica antes de que se emita una sentencia definitiva sobre la concesión.

Suprema Corte resolverá el fondo de la disputa

El segundo asunto está relacionado con el amparo que le fue negado a Aguakán en abril de 2025 por un juez federal, quien priorizó el derecho humano al agua.

La empresa impugnó aquella resolución, por lo que ahora será la Suprema Corte la encargada de analizar el fondo de la controversia.

El conflicto tiene su origen en la prórroga otorgada durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, cuando se extendió la concesión a cambio de una contraprestación superior a los mil millones de pesos a favor del Gobierno de Quintana Roo.

La disputa también ha derivado en otros procesos judiciales, entre ellos el amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Aguakán, contra una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero.

Con la intervención de la Suprema Corte, la disputa por el servicio de agua potable podría llegar a su desenlace en un plazo de seis meses.

Por ahora, la decisión del Máximo Tribunal de atraer los asuntos no implica la cancelación inmediata de la concesión ni la salida de Aguakán de los cuatro municipios.

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