Auditorías de la ASF revelaron pagos a 260 integrantes del SNTE con recursos federales destinados a educación, además de nóminas a docentes con cargos políticos y trabajadores registrados en dos escuelas.
México (Marcrix Noticias)-Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales ejercieron con presuntas irregularidades mil 568 millones de pesos de recursos federales destinados al sector educativo, de acuerdo con una revisión de auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre los principales señalamientos destaca el uso de 159 millones 871 mil pesos para pagar a 260 personas que realizaban actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organización gremial que mantiene una alianza política con Morena.
Una revisión de 32 auditorías, realizada por el medio Proceso a los gobiernos de las 31 entidades y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), identificó que 12 administraciones estatales utilizaron recursos federales destinados al pago de nómina educativa para cubrir salarios de trabajadores comisionados al sindicato.
De acuerdo con los resultados, 10 de esos gobiernos son encabezados por Morena y dos por el PRI. Las mayores observaciones se concentraron en la Ciudad de México y Sonora.
Las irregularidades también alcanzaron otros rubros de la nómina educativa. Las auditorías detectaron que algunas secretarías estatales destinaron cerca de 70 millones de pesos al pago de 209 docentes que, al mismo tiempo, desempeñaban cargos de elección popular.
Oaxaca y Chiapas destacaron en este apartado. Además, se identificaron pagos por al menos 633 millones de pesos a mil 338 personas que aparecían laborando simultáneamente en dos centros escolares.
Los recursos revisados corresponden al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mediante el cual la Federación transfirió 541 mil 45 millones de pesos para contribuir al funcionamiento de 121 mil 753 escuelas y cubrir los salarios de más de un millón de trabajadores de educación básica y normal.
Como resultado de las revisiones, la ASF recuperó más de 530 millones de pesos que fueron reintegrados a la Federación por las administraciones estatales.
El organismo fiscalizador también señaló deficiencias en los controles de asistencia de los centros educativos, así como irregularidades en los procedimientos de contratación de bienes y servicios en 12 entidades. En algunos casos, los procesos de adjudicación carecieron de requisitos o no estuvieron debidamente justificados.
Pagos a comisionados sindicales
En el desglose de los recursos destinados a integrantes del SNTE, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México registró la mayor cantidad de beneficiarios, con 81 personas que recibieron en conjunto 47 millones de pesos.
Por su parte, el gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, destinó 40 millones de pesos al pago de 53 integrantes del sindicato. Le siguió Colima, gobernado por Indira Vizcaíno, con 6 millones 765 mil pesos para 32 comisionados.
Puebla registró el mayor pago promedio por persona, con aproximadamente 846 mil pesos anuales por trabajador.
Según los cálculos derivados de las auditorías, los 159.8 millones de pesos observados representan un promedio de 615 mil pesos por persona al año, equivalente a unos 51 mil pesos mensuales.
Señalamientos al SNTE
El reportaje de Proceso también aborda el acercamiento político del SNTE con Morena a partir de 2018, luego de que la dirigencia sindical modificara su histórica alianza con el PRI.
El actual dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas, quien también ocupa una senaduría plurinominal por Morena, aseguró en enero pasado que el sindicato había aportado un millón 250 mil docentes al partido, cifra que representa cerca de la mitad de sus afiliados.
La revisión de la ASF también encontró diferencias entre las entidades, pues no reportó pagos irregulares a integrantes del SNTE en gobiernos encabezados por el PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que sí identificó observaciones en administraciones de Morena y en los últimos gobiernos priistas de Coahuila y Durango.
Por otra parte, Oaxaca y Chiapas concentraron observaciones relacionadas con docentes que desempeñaban cargos de elección popular. El gobierno de Salomón Jara Cruz pagó 9 millones 623 mil pesos a 50 profesores en esa condición, mientras que en Chiapas se identificaron 14 millones 199 mil pesos destinados a 42 docentes.
Los resultados de las auditorías ponen bajo la lupa el manejo de los recursos federales destinados a la educación y los mecanismos de supervisión de las nóminas estatales, particularmente en lo relacionado con las comisiones sindicales, los cargos públicos y la duplicidad de plazas.