El Órgano de Administración Judicial y dirigentes sindicales acordaron modificar las reglas de evaluación para evitar sanciones o separación del cargo.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) acordó eliminar los efectos sancionatorios del nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial, luego de las protestas realizadas por trabajadores en distintas entidades del país, quienes denunciaron riesgos para su estabilidad laboral.
De acuerdo con información publicada por El Universal, representantes sindicales y autoridades del Órgano de Administración Judicial (OAJ) alcanzaron un acuerdo para dejar sin efectos las disposiciones cuestionadas y modificar la normativa, de manera que se suprima toda referencia a posibles sanciones o separación del cargo derivadas de las evaluaciones.
El entendimiento se produjo durante una reunión celebrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en medio de la inconformidad generada por las nuevas reglas para medir el desempeño del personal judicial.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, había sostenido reuniones con dirigentes sindicales para atender sus demandas y buscar una solución mediante el diálogo institucional.
Trabajadores del Poder Judicial rechazaron las evaluaciones
El conflicto comenzó después de que el OAJ publicara, el pasado 5 de noviembre, el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación.
La normativa estableció un sistema para evaluar conocimientos, habilidades y desempeño de secretarios, actuarios, oficiales judiciales y otros integrantes de la carrera judicial. Sin embargo, los trabajadores cuestionaron que los resultados pudieran utilizarse posteriormente para determinar su permanencia en los cargos.
El acuerdo original contemplaba una escala de cero a 100 puntos y mecanismos de capacitación, exámenes extraordinarios y revisión para quienes obtuvieran resultados insuficientes.
En las evaluaciones ordinarias posteriores, una calificación desfavorable que quedara firme podía derivar en una resolución conforme a la Ley de Carrera Judicial, legislación que contempla causas de separación del cargo.
Protestas y paros se extendieron por varios estados
El viernes, trabajadores sindicalizados iniciaron manifestaciones y suspensiones de labores en instalaciones judiciales de distintas entidades. Las movilizaciones alcanzaron al menos 17 estados, entre ellos Ciudad de México, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Nuevo León y Baja California.
En la capital del país se registraron cierres y concentraciones frente a edificios judiciales, mientras los representantes sindicales exigían garantías para proteger la antigüedad, las plazas y los derechos laborales del personal.
Gilberto González Pimentel, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, solicitó la revisión de las disposiciones y sostuvo que cualquier mecanismo debía respetar la estabilidad laboral de los empleados.
Hugo Aguilar intervino para abrir el diálogo
Ante el conflicto, Hugo Aguilar Ortiz se reunió con representantes de organizaciones sindicales y defendió la necesidad de contar con instrumentos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de la institución sin convertirse en mecanismos de castigo.
La Suprema Corte había señalado que las decisiones administrativas también debían discutirse con los trabajadores involucrados.
Por su parte, el OAJ aseguró previamente que los exámenes programados para diciembre de 2026 tendrían únicamente carácter diagnóstico, por lo que sus resultados no implicarían aprobación, reprobación ni pérdida de plazas.
No obstante, las organizaciones sindicales consideraron insuficiente esa aclaración debido a las disposiciones aplicables a evaluaciones posteriores.
¿Qué cambiará en las evaluaciones del Poder Judicial?
Según el acuerdo, las autoridades y los representantes sindicales convinieron modificar el nuevo esquema para eliminar definitivamente las referencias a consecuencias sancionatorias y a la posible separación del cargo. La medida busca atender una de las principales preocupaciones expresadas durante las movilizaciones y mantener las evaluaciones como un instrumento de seguimiento y fortalecimiento profesional.
Sin embargo, será necesario conocer el texto definitivo de las modificaciones para establecer cuáles artículos serán derogados o reformados y cómo se aplicarán las nuevas disposiciones.
El acuerdo original ya establecía que la primera evaluación de diciembre sería diagnóstica. La modificación anunciada aborda la preocupación sobre los efectos sancionatorios del esquema.
La decisión representa un cambio en las condiciones planteadas inicialmente por las autoridades administrativas, tras las protestas de trabajadores y las negociaciones con sus representantes sindicales.