Santiago Peña, destituido un día antes mediante un juicio político, permanecerá recluido en instalaciones militares y no será trasladado a una cárcel común. La Fiscalía lo señala por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos en la entidad financiera
Redacción (Marcrix Noticias).- El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, permanecerá bajo prisión preventiva por orden de un juez penal, luego de que la Fiscalía formalizara acusaciones en su contra por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, como parte de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
La resolución fue emitida este sábado por el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien consideró necesaria la medida cautelar para garantizar que el exmandatario permanezca sujeto al procedimiento judicial.
“Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, declaró el magistrado después de la audiencia, en la que Peña se abstuvo de rendir declaración.
El exgobernante, de 47 años, continuará recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche del viernes tras hacerse efectiva la orden de detención en su contra. El juez descartó su traslado a una prisión común al argumentar que, por su condición de expresidente, maneja información sensible relacionada con asuntos de seguridad nacional y crimen organizado.
Investigan presunto manejo irregular de recursos públicos
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, Peña habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes cantidades de dinero provenientes de instituciones públicas y previsionales en Ueno Bank.
La Fiscalía también señaló que el exmandatario habría mantenido previamente una relación económica y corporativa con el grupo empresarial propietario de la institución financiera.
Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado del Grupo Vásquez al que pertenecía el banco, participación que vendió en marzo de 2025, según los señalamientos incluidos en el proceso que derivó en su destitución.
Las investigaciones apuntan a que Ueno Bank recibió recursos públicos mientras mantenía operaciones crediticias con sociedades presuntamente relacionadas con su grupo económico. Estas operaciones habrían presentado observaciones e irregularidades detectadas por los organismos de supervisión del Banco Central de Paraguay.
Uno de los datos centrales de la investigación es que, durante la administración de Peña, el Instituto de Previsión Social habría invertido alrededor de 355 millones de dólares en la institución financiera, que además administraba las cuentas de aproximadamente 32 mil jubilados.
También imputan a exdirector del Banco Central
En el mismo expediente, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, a quien atribuye presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Carvallo, quien encabezó la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del banco central en 2023, se presentó ante las autoridades la noche del viernes y fue detenido.
Su gestión también está bajo escrutinio debido a que el directorio del Banco Central autorizó la creación de Ueno Bank 83 días después de su designación, de acuerdo con los argumentos expuestos por los legisladores que promovieron el juicio político.
Destitución abrió paso a la investigación penal
La detención y posterior audiencia judicial de Peña ocurrieron después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución el viernes, al encontrarlo responsable de «mal desempeño de funciones» durante un juicio político relacionado con la crisis financiera de Ueno Bank.
La decisión fue respaldada por los 44 senadores presentes y evitó que el exmandatario adquiriera la condición de senador vitalicio, con los fueros correspondientes.
El cierre de la institución financiera, que contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes, detonó una crisis política y financiera debido a la participación de entidades estatales entre sus usuarios y a la inmovilización de recursos.
Con la prisión preventiva, Peña enfrentará el proceso penal mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades en el manejo de recursos públicos y las operaciones que precedieron al colapso de la institución bancaria.