La Auditoría Superior de la Federación anunció investigaciones de oficio, un estudio histórico de las contrataciones entre 2000 y 2025 y una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral y al gasto federalizado de los organismos locales
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció el inicio de tres líneas de trabajo para investigar posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), entre ellos el de Quintana Roo (IEQROO).
El anuncio se produce en medio de la polémica por los contratos otorgados a distintos grupos empresariales y tras la salida de Guadalupe Taddei al frente del Instituto.
A través de un comunicado, el órgano fiscalizador informó que desarrolla una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en las contrataciones públicas de las autoridades electorales, tanto a nivel federal como estatal.
Investigarán contratos entre 2000 y 2025
Como parte de estas acciones, también realizará un estudio histórico de las adquisiciones y servicios contratados por el IFE, el INE y los OPLEs durante el periodo de 2000 a 2025, con el propósito de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, en las que pudieran estar involucrados grupos empresariales o servidores públicos.
La tercera línea de trabajo contempla una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral, así como la revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los organismos públicos electorales locales.
ASF pide a los estados facilitar en las investigaciones
La ASF señaló que estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, cuyos resultados, de acuerdo con el organismo, advierten sobre múltiples irregularidades históricas en el manejo de recursos públicos destinados a las autoridades electorales.
El órgano fiscalizador sostuvo que las investigaciones y auditorías se llevan a cabo dentro del ámbito de sus atribuciones, con independencia, rigor técnico y apego a la legalidad.