La auditoría detectó empresas sin empleados, posibles vínculos con funcionarios y contratos millonarios en Yucatán.
Ciudad de México, (MarcrixNoticias).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación sobre proveedores del INE y organismos electorales estatales, luego de identificar operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, además de posibles irregularidades en licitaciones, subcontrataciones y registros laborales.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos este viernes ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025.
La investigación involucra a dos grupos empresariales, identificados como GC y GHC, integrados por nueve razones sociales que concentraron contrataciones y operaciones con diversas instituciones públicas.
De los recursos identificados, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con autoridades electorales.
El INE registró 430 millones de pesos, mientras que los institutos electorales estatales acumularon 3 mil 360.3 millones.
Empresas ganadoras subcontrataban a sus competidoras
Uno de los principales hallazgos corresponde a la relación comercial entre compañías que participaban en los mismos procedimientos de contratación.
La ASF detectó casos en los que una empresa obtenía un contrato mediante licitación y posteriormente subcontrataba a otra que también había participado en el concurso y pertenecía a alguno de los grupos investigados.
El organismo también identificó compañías que facturaron cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En determinados casos, las empresas no tenían ningún empleado registrado.
Además, el auditor informó que proveedores vinculados con una de las compañías realizaron operaciones por 21.3 millones de pesos con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por mantener relaciones con factureras.
Las investigaciones también examinan posibles mecanismos para limitar la competencia, favorecer adjudicaciones e influir en los precios de los contratos públicos.
Yucatán aparece entre los estados con contratos investigados
Los institutos electorales locales también figuran en la revisión de la ASF, que identificó operaciones con las empresas señaladas en distintas entidades del país.
Veracruz registra el monto más elevado entre los organismos estatales mencionados, con 484.4 millones de pesos, seguido de Oaxaca, con 370.3 millones, y Coahuila, con 306.3 millones.
Puebla aparece con 286.6 millones de pesos, Nuevo León con 253.9 millones y Baja California con 223.3 millones.
En el caso de Yucatán, el informe identifica operaciones por 151.1 millones de pesos con los grupos empresariales incluidos en la investigación.
También aparecen Aguascalientes, con 211 millones de pesos; Estado de México, con 163.7 millones, y Jalisco, con 159.5 millones.
ASF investiga vínculos entre empresarios y funcionarios
Hernández Palacios informó que los trabajos de inteligencia permitieron identificar relaciones entre los dos grupos empresariales y personas servidoras públicas, así como conexiones comerciales con otras compañías.
La investigación de oficio abarca tanto al INE como a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), proveedores y funcionarios que pudieran estar relacionados con las operaciones.
La ASF realiza requerimientos de información para reconstruir el origen de los contratos y determinar si existieron actos de corrupción, conflictos de interés o prácticas contrarias a las reglas de contratación pública.
El auditor aseguró que las investigaciones se desarrollarán con independencia y respeto al debido proceso, mientras se reúnen elementos para determinar posibles responsabilidades y promover las acciones legales correspondientes.