Carlos Alberto García González atribuyó a instrucciones del exgobernador de Tamaulipas las contrataciones por las que enfrenta procesos judiciales.
México (Marcrix Noticias)-Carlos Alberto García González, exsecretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, responsabilizó al exmandatario panista de las decisiones relacionadas con contrataciones por las que actualmente enfrenta tres causas penales.
Sus declaraciones coinciden con información obtenida por Proceso de fuentes judiciales, que permite reconstruir tres expedientes por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre 2019 y 2020, por un monto conjunto de 11 millones 612 mil 941 pesos.
Dos de las causas derivaron en vinculaciones a proceso dictadas en octubre de 2025, mientras que la tercera permanece sin audiencia inicial, pese a que fue abierta en 2023.
Los expedientes involucran la contratación de servicios profesionales, el pago anticipado de recursos para una feria estatal y la adjudicación directa de servicios vinculados con un proyecto turístico y comercial en Reynosa.
Las órdenes de Cabeza de Vaca
En una entrevista concedida el viernes 23 de octubre a la periodista Rosy Pereda, del programa Informativo W, García González sostuvo que las decisiones cuestionadas fueron tomadas por instrucciones provenientes de la oficina del entonces gobernador.
“Los hechos que se me imputan en mi actuación como secretario de Desarrollo Económico de Tamaulipas, pues en aquel tiempo fueron ejecutados por instrucciones de la oficina del entonces Ejecutivo Estatal, en particular del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca”, afirmó.
El exfuncionario aseguró que su dependencia únicamente actuaba como área requirente y negó haber tenido facultades para decidir sobre proveedores, adjudicaciones o pagos.
“Yo no tenía atribuciones para seleccionar proveedores, para adjudicar contratos, para determinar montos, ni autorizar o ejecutar pagos”, declaró.
García González planteó que las investigaciones deben determinar quién impartió las instrucciones, quién autorizó las contrataciones y quién ejecutó los pagos.
Sus afirmaciones trasladan el cuestionamiento hacia la estructura de decisiones del gobierno encabezado por Cabeza de Vaca, aunque hasta ahora constituyen la versión del propio exsecretario y no una determinación judicial sobre la responsabilidad del exgobernador.
Los tres expedientes
De acuerdo con información de fuentes judiciales a la que Proceso tuvo acceso, una de las causas penales está relacionada con un contrato de servicios profesionales celebrado el 16 de julio de 2019 por 3 millones 250 mil pesos.
En la operación participaron García González, entonces secretario de Desarrollo Económico, y Miguel Ángel Villarreal Ongay, quien encabezaba la Secretaría de Administración.
El 20 de octubre de 2025, García González fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
Como medidas cautelares, un juez le prohibió salir del país y acercarse a Ninfa Cantú Deándar, quien presentó la denuncia cuando encabezaba la Secretaría de Desarrollo Económico, así como a las instalaciones de esa dependencia.
El exfuncionario impugnó la vinculación a proceso, pero la resolución del recurso permanecía pendiente, de acuerdo con la información judicial fechada el 23 de octubre.
Un segundo expediente involucra un pago de 4 millones 998 mil 941 pesos realizado anticipadamente por servicios para la Feria Estatal Tamaulipas, Región Sur 2020.
Según la acusación, el desembolso fue efectuado el 4 de marzo de 2020, antes de la ejecución de los servicios y sin que se cumplieran las condiciones contractuales de entrega, en contravención de las cláusulas cuarta y quinta del contrato.
García González y otros tres imputados participaron en la suscripción del acuerdo.
Pese a que el expediente fue abierto en 2023, la audiencia inicial continúa pendiente. La información judicial establece que desde noviembre de aquel año se requirió al Ministerio Público proporcionar los domicilios de los imputados, sin que hasta el 23 de octubre de 2026 hubiera atendido el requerimiento.
La tercera causa penal corresponde a una adjudicación directa para contratar servicios de promotoría, gestoría y representación del gobierno estatal en un proyecto turístico, comercial y de esparcimiento en Reynosa.
La acusación sostiene que García González autorizó en diciembre de 2020 una adjudicación directa por un monto de hasta 3 millones 438 mil 240 pesos, cuando las disposiciones estatales exigían una invitación a cuando menos tres participantes.
El contrato finalmente se celebró con Santos-Elizondo, S.C., por 3 millones 364 mil pesos.
El 20 de octubre de 2025, el exsecretario también fue vinculado a proceso por este expediente. Entre las medidas cautelares impuestas se encontraba una garantía económica de 200 mil pesos, contra la que obtuvo un amparo relacionado con la fundamentación y motivación de la medida, no con su responsabilidad penal.
Una audiencia clave
Para el próximo viernes 30 de octubre está programada una audiencia intermedia o de procedimiento abreviado correspondiente a este último expediente, ante el juez Juan Artemio Haro Morales.
La diligencia podría aportar nuevos elementos sobre las acusaciones y la estrategia de defensa de quien fuera uno de los principales funcionarios del gabinete de Cabeza de Vaca.
Los señalamientos de García González se suman a los realizados en septiembre por Gloria de Jesús Molina Gamboa, exsecretaria de Salud de Tamaulipas, quien también atribuyó al exgobernador instrucciones relacionadas con adjudicaciones investigadas durante su administración.
Ambos casos colocan bajo escrutinio la cadena de responsabilidades en las contrataciones del sexenio panista: desde los funcionarios que suscribieron los contratos hasta quienes, según los propios excolaboradores, habrían ordenado su realización.
Por ahora, García González enfrenta dos vinculaciones a proceso y una tercera causa pendiente de audiencia inicial. Sus acusaciones contra Cabeza de Vaca deberán ser corroboradas en las investigaciones correspondientes.