La FGR lo acusa de autorizar la participación de dos agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio; permanecerá en el penal del Altiplano.
Ciudad de México (Marcrix Noticias).– César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria, luego de que un juez federal determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra por presuntamente autorizar la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo 25 de octubre que, después de una audiencia de aproximadamente nueve horas, el juez resolvió vincular a proceso al exfuncionario, identificado oficialmente como César “N”, y ratificó la medida de prisión preventiva.
Por esta razón, Jáuregui permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Durante la audiencia, la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, presentó alrededor de 150 pruebas para sustentar la acusación contra el excolaborador de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
El juez también estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán reunir nuevos elementos relacionados con los hechos.
La acusación contra César Jáuregui se originó por un operativo realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde autoridades de Chihuahua participaron en acciones para desmantelar un narcolaboratorio.
Luego de aportar más de 150 datos de prueba, la #FGR obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de César “N”, ex fiscal general del estado de Chihuahua, por su posible participación en el delito de traición a la patria. https://t.co/sbhM0vY6cG
— FGR México (@FGRMexico) October 25, 2026
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, en ese despliegue participaron dos agentes estadounidenses de la CIA, cuya intervención habría sido autorizada por el entonces fiscal estatal sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes.
La presencia de los agentes extranjeros salió a la luz después de que ambos fallecieron en un accidente automovilístico, en el que también perdió la vida Pedro Oseguera, quien se desempeñaba como titular de la Agencia de Investigación de Chihuahua.
La Fiscalía sostiene que la participación de personal de inteligencia extranjero en operaciones de seguridad nacional debe sujetarse a los mecanismos de cooperación y autorización establecidos en la legislación mexicana.
En particular, la Ley de Seguridad Nacional, reformada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, establece en la fracción I de su artículo 71 que los agentes extranjeros únicamente pueden realizar actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas, conforme a las acreditaciones correspondientes.
La investigación también ha generado diferencias entre autoridades federales y estatales respecto a quién autorizó la participación de los agentes estadounidenses.
Según la FGR, durante una reunión celebrada en septiembre, la gobernadora Maru Campos señaló a César Jáuregui como responsable de permitir la intervención de los integrantes de la CIA en el operativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso durante su conferencia matutina del 23 de octubre, cuando relató que sostuvo una conversación tensa con la mandataria de Chihuahua sobre los hechos.
De acuerdo con Sheinbaum, Maru Campos se deslindó de haber autorizado la participación de los agentes extranjeros y atribuyó esa decisión a su exfiscal.
“No fui yo, fue mi exfiscal”, habría señalado la gobernadora, según lo expuesto por la presidenta.
Por su parte, la defensa de César Jáuregui rechazó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas de que su cliente conociera previamente la presencia de los agentes estadounidenses en el operativo.
Héctor Villasana, abogado del exfiscal, afirmó en entrevista con la periodista Azucena Uresti que su representado no ordenó ni autorizó la participación de integrantes de la CIA y que tampoco intervino en las decisiones operativas relacionadas con su presencia.
El defensor sostuvo que, en todo caso, la responsabilidad correspondería a Pedro Oseguera, quien estaba al frente de la Agencia de Investigación de Chihuahua cuando ocurrieron los hechos.
Villasana reconoció que Jáuregui mantenía reuniones con responsables de las áreas de investigación y operaciones de la Fiscalía estatal, pero argumentó que esas actividades no significaban que estuviera enterado de todos los detalles de los operativos.
Asimismo, negó que el exfuncionario hubiera ocultado información sobre la participación de los estadounidenses y aseguró que se enteró de la muerte de los agentes de la CIA varias horas después del accidente.
El abogado también denunció que el proceso penal contra su cliente podría tener motivaciones políticas relacionadas con la situación interna del gobierno de Chihuahua.
En declaraciones a Radio Fórmula, Villasana sugirió que detrás de los señalamientos podría existir un interés por favorecer las aspiraciones políticas de Santiago de la Peña, actual secretario general de Gobierno del estado, rumbo a la alcaldía de Chihuahua capital.
“Lo tienen en un penal federal de máxima seguridad por enfrentar al crimen organizado y por hacer su trabajo”, expresó el defensor al cuestionar la medida de prisión preventiva impuesta al exfiscal.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de traición a la patria contempla penas de entre cinco y 40 años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de la responsabilidad que se determine en cada caso.
Sin embargo, la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que César Jáuregui mantiene su presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
El exfiscal de Chihuahua continuará en el penal del Altiplano durante la investigación complementaria, mientras la FGR y su defensa reúnen los elementos que serán presentados en las siguientes etapas del proceso penal.