Los recursos estaban destinados a remodelar y equipar áreas críticas del hospital, donde también denuncian falta de equipo médico para atender a pacientes y exigen una auditoría.

Chetumal (Marcrix Noticias).- Un trabajador del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chetumal, denunció un presunto desvío de 57 millones de pesos de recursos federales que habrían sido destinados a la remodelación y equipamiento de áreas críticas del nosocomio, además de señalar irregularidades sanitarias y posibles actos de hostigamiento laboral.

El enfermero general de base Edwin Ricardez Meneses, hizo públicos los señalamientos mediante un comunicado en el que acusa a mandos medios y representantes sindicales de presuntas irregularidades que, asegura, no solamente han afectado sus derechos laborales, sino que también podrían poner en riesgo la vida de pacientes que requieren atención especializada.

De acuerdo con su denuncia, los 57 millones de pesos habrían sido asignados para mejorar la infraestructura hospitalaria, incluyendo áreas de hospitalización, espacios de aislamiento, equipamiento médico y ambulancias.

Sin embargo, el trabajador asegura que los recursos no se habrían utilizado conforme a los objetivos establecidos, pues sostiene que las autoridades del IMSS en Quintana Roo únicamente realizaron trabajos superficiales, principalmente pintura y mantenimiento de fachadas.

Según su versión, las adecuaciones técnicas necesarias para garantizar una atención adecuada a pacientes en estado crítico no se concretaron, por lo que cuestionó el destino del presupuesto y solicitó una auditoría física y financiera que permita conocer cómo fueron ejercidos los recursos.

El enfermero explicó que sus conflictos con las autoridades del hospital comenzaron años atrás, cuando reportó un presunto brote de escabiosis, conocida como sarna humana, detectado inicialmente en una paciente del área de diálisis.

Ricardez Meneses aseguró que, pese a identificar el caso, no se aplicaron los protocolos de aislamiento correspondientes y la paciente fue trasladada al área general de hospitalización.

Esta situación, de acuerdo con su relato, habría provocado la propagación de la enfermedad entre trabajadores de enfermería, pasantes de medicina y personal de lavandería.

Tras denunciar las presuntas irregularidades sanitarias, el trabajador afirma que comenzó a enfrentar represalias laborales, entre ellas la imposición de 10 notas de demérito y, posteriormente, la rescisión de su relación laboral mediante expedientes de quejas que considera manipulados.

Ante esta situación, llevó su caso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Cancún y la Subdelegación del IMSS, donde, según su testimonio, obtuvo un laudo favorable que ordenó su reinstalación.

El enfermero sostiene que, como consecuencia indirecta del procedimiento laboral y de auditorías sanitarias, se habría autorizado una partida federal extraordinaria de 57 millones de pesos para atender las deficiencias de infraestructura y equipamiento del hospital.

Ricardez Meneses también señaló que, pese a su reinstalación, los problemas laborales continuaron y actualmente enfrenta una supuesta campaña de hostigamiento encabezada por el subjefe de Enfermería, Juan Carlos Muñoz Góngora, con la presunta participación de representantes sindicales.

De acuerdo con su denuncia, se le asignan de manera desproporcionada pacientes en estado crítico o intubados dentro de áreas de hospitalización general que, asegura, carecen de las condiciones necesarias para brindar atención especializada.

Entre las principales deficiencias mencionó la falta de monitores funcionales, ventiladores mecánicos y medicamentos suficientes para proporcionar soporte vital a los pacientes.

Asimismo, acusó que algunas indicaciones médicas para trasladar urgentemente a personas graves a hospitales de tercer nivel estarían siendo ignoradas por los responsables de las áreas correspondientes.

El trabajador considera que estas situaciones representan un riesgo para los pacientes y sostiene que las asignaciones laborales podrían estar siendo utilizadas como una forma de represalia en su contra.

Ante los señalamientos, informó que presentó denuncias ante el Órgano Interno de Control central del IMSS y la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

También solicitó la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para que se investiguen las condiciones en las que opera el hospital y se revise el manejo de los recursos federales.

Entre sus principales exigencias se encuentran esclarecer el destino de los 57 millones de pesos, verificar las condiciones de atención a pacientes críticos, investigar el presunto hostigamiento laboral y garantizar el cumplimiento de los pagos de salarios caídos e indemnizaciones que asegura tener pendientes.

El caso pone bajo cuestionamiento las condiciones de infraestructura y atención médica del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 1 de Chetumal, así como el posible manejo irregular de recursos públicos destinados a mejorar sus instalaciones.

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