La Secretaría de Seguridad de Jalisco investiga a los agentes por presunto uso excesivo de la fuerza durante una manifestación ciudadana; dos elementos fueron separados de sus funciones y podrían enfrentar sanciones
Guadalajara. (Marcrix Noticias).- Un total de 17 policías estatales fueron identificados por su presunta participación en actos de represión contra ciudadanos que protestaron para exigir agua limpia y potable en Guadalajara. Los hechos ocurrieron el domingo 11 de octubre y derivaron en denuncias por el uso excesivo de la fuerza durante la movilización.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que los elementos fueron identificados mediante la revisión de más de 200 videos y el análisis de los informes de los policías que participaron en el operativo. Los agentes fueron citados ante el área de Asuntos Internos para esclarecer su actuación.
El funcionario reconoció que algunos uniformados habrían reaccionado de manera desproporcionada y actuado fuera de los protocolos establecidos para atender manifestaciones ciudadanas. Por ello, las autoridades revisan la participación de cada elemento para determinar las responsabilidades correspondientes.
Como parte de las primeras medidas, dos policías estatales fueron separados de sus funciones y quedaron sujetos a investigación administrativa por su presunta participación en las agresiones. Las sanciones para los demás involucrados podrían ir desde una amonestación hasta la separación definitiva del cargo, dependiendo de los resultados de las investigaciones.
La movilización se realizó para exigir soluciones a los problemas de calidad del agua que enfrentan habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, la protesta terminó en enfrentamientos y denuncias por presuntos abusos policiales, lo que provocó cuestionamientos sobre la actuación de las corporaciones de seguridad.
Tras los hechos, las autoridades estatales se comprometieron a esclarecer lo ocurrido y determinar si los agentes incurrieron en violaciones a los protocolos de actuación. Mientras avanzan las investigaciones, los ciudadanos mantienen sus exigencias de justicia, sanciones para los responsables y respeto al derecho a la libre manifestación.