Diputados discuten nueva ley catastral y oposición alerta por posible aumento al predial
La propuesta busca modernizar y conectar los catastros y registros públicos de la propiedad en todo México, pero legisladores del PAN y PRI advierten que podría aumentar las cargas para los municipios y repercutir en el impuesto predial
La Cámara de Diputados discutirá esta semana la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la que se pretende homologar y digitalizar la información sobre propiedades, terrenos y registros inmobiliarios en todo el país. El dictamen plantea una mayor coordinación entre la Federación, los estados y los municipios.
Entre las medidas propuestas está la creación de una Plataforma Nacional Catastral, así como una Clave Única Catastral y Registral. También se contempla que las autoridades adopten modelos homologados para realizar trámites y servicios catastrales, con el objetivo de que la información pueda compartirse entre los distintos niveles de gobierno.
La propuesta ha generado críticas de legisladores de oposición, quienes advierten que la Federación podría ampliar su intervención en funciones que actualmente corresponden a estados y municipios. La diputada Kenia López Rabadán señaló que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendría facultades para establecer lineamientos sobre trámites, requisitos y tiempos de resolución.
Otro de los puntos que generó preocupación es el posible impacto en el impuesto predial. La oposición advirtió que la actualización de los catastros podría traducirse en mayores valores catastrales y, eventualmente, en un aumento del pago para los propietarios, además de señalar que los municipios tendrían que asumir costos para digitalizar y actualizar sus sistemas.
El diputado priista Arturo Yáñez coincidió en la necesidad de modernizar los catastros, pero cuestionó quién pagará por la implementación de las nuevas herramientas. Advirtió que si los costos recaen sobre los gobiernos municipales y estatales, podrían terminar afectándose otros servicios públicos.
En contraste, legisladores de Morena rechazaron que la reforma quite facultades a los municipios y aseguraron que el impuesto predial seguirá bajo su administración. La propuesta establece mecanismos para modernizar y conectar la información inmobiliaria, pero la determinación y recaudación del predial permanecen en los ámbitos local y municipal.